La Fiscalía archiva la investigación por los pellets en Tarragona tras el alarmismo de la izquierda

La Fiscalía de Tarragona ha archivado la investigación por los vertidos de pellets, es decir, las pequeñas bolas de plástico que aparecieron en algunas playas de esa provincia catalana. Tal como ha podido saber OKDIARIO, a pesar del alarmismo que generó la izquierda el Ministerio Público ha dado por finalizadas las diligencias que ya se habían abierto en dos ocasiones previas. No se ha podido localizar a los responsables de los hechos y la Fiscalía Provincial, así, da carpetazo provisional al asunto.

A instancias del fiscal de sala de Medio Ambiente, Antonio Vercher, el Ministerio Público abrió las pesquisas por un posible delito ambiental en las playas de Tarragona en enero. Los hechos coincidieron con el vertido de pellets que desde hace semanas afecta a la costa de Galicia. Los partidos de izquierda –sobre todo el PSOE y el BNG–, justo a las puertas de las elecciones autonómicas de febrero de 2024 en Galicia, pusieron el grito en el cielo por el presunto atentado medio ambiental. Sin embargo, la Fiscalía archiva el caso. Los vertidos en las costas de todo el mundo son constantes y la aparición de esas pequeñas bolitas fue mínima. La izquierda organizó decenas de batidas para limpiar las playas, pero el resultado de pellets limpiados fue mínimo. En Tarragona grupos de voluntarios pasearon, en particular, por la playa de La Pineda, en Vilaseca. Las entidades ecologistas decían que era una de las más afectadas del mundo por los vertidos de microplásticos.

En el decreto en el que se ordena investigar los vertidos en Tarragona, el fiscal de sala solicitó abordar el caso «con la nueva perspectiva que puedan aportar los datos obtenidos en la reciente aparición de bolas en el norte de la Península y Canarias» y que se aclare si los pellets han afectado a playas u otros ecosistemas.

En todo caso, como se ha expuesto, la Fiscalía de Medio Ambiente de Tarragona ya había abierto diligencias para investigar los vertidos en los años 2019 y 2021, a raíz de denuncias presentadas por el Seprona de la Guardia Civil y por una organización ecologista de la zona. No obstante, dichas investigaciones se archivaron sin llegar al juzgado porque no fue posible concretar quiénes eran los responsables de los vertidos.

Diligencias

En esta ocasión, no obstante, los vertidos detectados llevaron a actuar a la Generalitat de Cataluña, que ha abierto un expediente contra ocho empresas químicas de los polígonos industriales de Tarragona por los pellets hallados en la arena, un material que sirve precisamente para la fabricación de plásticos.

La Fiscalía solicitó al Seprona de la Guardia Civil, al Área de Medio Ambiente de los Mossos de Esquadra y al Área Regional en Tarragona de Agentes Rurales que practiquen nuevas investigaciones con base en los datos recabados en años anteriores y los que se han puesto de relieve con las mareas de pellets de la costa gallega. Se quería examinar la procedencia de los pellets, en función de su recorrido, así como su composición química, etc. También se iba a encargar un nuevo informe al Instituto Nacional de Toxicología sobre los riesgos ambientales y sobre la salud humana por la cantidad de pellets detectado. Sin embargo, la investigación no ha tenido frutos, según fuentes oficiales.

Galicia

Por su parte, el caso en Galicia sigue abierto en un Juzgado de Noia (La Coruña). Uno de los últimos movimientos fue que Ecologistas en Acción presentó una demanda penal en febrero contra la empresa armadora propietaria del buque portacontenedores Toconao, así como contra su capitán, a los que atribuye un presunto delito contra el medioambiente y los recursos naturales por la afectación a las costas gallegas del vertido de millones de pellets de plástico.

En la demanda, pide que imponga una condena a la empresa de no menos de 10 millones de euros que permita acometer los costes de restauración. Quieren hacer ver, tras la experiencia del Prestige que se saldó con una condena muy limitada, «la máxima de que quien contamina paga». En este caso, ve «evidente que hay una contaminación grave que implica un delito contra el medioambiente». Con todo, consideran que la investigación «va a ser complicada». En los próximos meses se verá si el curso de este caso es el mismo que el de Tarragona, el de archivo, o, por el contrario, sí hay recorrido judicial.