La fiscal general Delgado ataca a los jueces: «No garantizan la imparcialidad de las investigaciones»

El Consejo Fiscal ha elaborado un informe en el que la Fiscalía que dirige la fiscal general del Estado Dolores Delgado ataca la imparcialidad de los jueces para exigir el control de las instrucciones judiciales. Dentro de los 700 folios que ocupa el informe sobre la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), al que ha tenido acceso OKDIARIO, destaca la forma en la que describen el trabajo de los magistrados de instrucción.

Así, en el informe sobre la LeCrim del Consejo Fiscal, órgano presidido por Dolores Delgado, se puede leer literalmente que “el actual modelo de instrucción penal no garantiza suficientemente la imparcialidad del juez pues las funciones que el ordenamiento jurídico le atribuye como director de la investigación criminal comprometen en abstracto su imparcialidad a la hora de tutelar los derechos de las partes, muy singularmente los de la persona investigada”.

Y añaden que, lo dicho anteriormente no implica “poner en duda la objetividad y recto proceder de los jueces de instrucción”. Pero que desde un plano teórico “el diseño procesal vigente no garantiza suficientemente la necesaria distancia psicológica del juez respecto del devenir y resultado de la investigación, viéndose por ello comprometida, cuando menos en abstracto, su objetividad para actuar en garantía de los derechos concernidos, así como para erigirse en verdadero árbitro de la contienda procesal suscitada entre acusación y defensa”.

Por todo ello, a su juicio, “el perfecto encaje constitucional en nuestro ordenamiento jurídico de la figura del fiscal investigador se halla fuera de toda duda”, y como ejemplo esgrimen que todo queda acreditado con la Ley Orgánica 5/2000 que otorga la instrucción al fiscal en la jurisdicción de menores.

Pero no contentos con eso, los miembros de la Fiscalía señalan que la atribución de la dirección de la investigación al Ministerio Público «pondría fin a la actual esquizofrenia investigadora que en no pocas ocasiones ha conducido a la emisión de órdenes contradictorias a los cuerpos policiales».

Pocos fiscales

Sin embargo, no todo son buenas palabras para la futura ley elaborada bajo el paraguas del ya ex ministro, Juan Carlos Campo. De hecho, desde la Fiscalía se han vertido serias críticas. El bajo número de fiscales que hay en España, alrededor de 2.500 mientras hay el doble de jueces, centra buena parte el informe.

«En la actualidad el Ministerio Fiscal difícilmente se halla en disposición de asumir la dirección de la investigación criminal sin que previamente se acometa un notable incremento de su plantilla, pues lo cierto es que los y las fiscales se encuentran hoy en día al borde del colapso» esgrimen los representantes del Ministerio Público.

Y volviendo a los jueces y a las atribuciones que les otorga la nueva ley, añaden en el informe que, las mismas, «exceden de las que consideramos deberían ser atribuidas a quien tan sólo hubiera de limitarse a ejercer funciones de garantía durante la fase de investigación a fin de tutelar los derechos de las partes». Es decir, piden tener ellos más poder en detrimento de sus compañeros magistrados.