La fiscal europea sanchista mantendrá la investigación sobre Ayuso archivada por Anticorrupción

La fiscal elegida por Pedro Sánchez para representar a España en Europa, Concha Sabadell, mantiene abierta la investigación sobre el contrato de mascarillas vinculado a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pese a que la Fiscalía Anticorrupción la ha archivado porque no existen indicios delictivos. Y de ello tiene conocimiento esta representante del Ministerio Público que ha sido informada en todo momento sobre las diligencias practicadas en la sede de la calle Manuel Silvela. Así consta en el decreto de archivo dictado este mismo jueves por Alejandro Luzón.

«En unos casos a petición de la Fiscalía Europea y en otros a iniciativa de esta Jefatura, por considerarlo de interés para el procedimiento FEU nº 23/22, se ha ido remitiendo a los fiscales europeos delegados para su unión al mismo, copia de las declaraciones prestadas en estas diligencias de investigación por [diferentes testigos] y por D. Tomás Díaz Ayuso, junto con los informes de las Unidades de apoyo y Unidades adscritas a esta Fiscalía y diferente documentación», subraya el escrito.

La fiscal europea tiene todas las pruebas necesarias –interrogatorios y oficios librados por la Agencia Tributaria así como por la Policía Judicial– practicadas por Anticorrupción para concluir que no existe delito alguno. Sin embargo, esta representante del Ministerio Público mantendrá abierta las diligencias contra el hermano de Ayuso por un supuesto delito de malversación, fraude a los intereses financieros de la UE y cohecho, aunque no tenga «el mínimo acervo incriminatorio» como ya le indicó el fiscal jefe de Anticorrupción.

Sabadell es la fiscal de la Gürtel que consideró «abrumadoramente acreditada» la existencia de la Caja B del PP y ahora, que ha iniciado una cruzada contra la presidenta regional, tiene las manos libres para perseguir a Ayuso sin poder ser acusada de prevaricar. En Europa ejerce la figura de «fiscal instructor», esto es que asume las instrucciones de las causas procesales –como en España lo hacen los jueces y magistrados– y, por ende, puede dictar resoluciones. Sin embargo, en la actualidad el Código Penal –por el que también se rige la fiscal europea– no contempla el delito de prevaricación para los fiscales porque «se presupone» que éstos, a excepción del fiscal de Menores, no resuelven.

El artículo 446 del Código Penal dice lo siguiente: «El juez o magistrado que, a sabiendas, dictare sentencia o resolución injusta será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años si se trata de sentencia injusta contra el reo en causa criminal por delito grave o menos grave y la sentencia no hubiera llegado a ejecutarse, y con la misma pena en su mitad superior y multa de doce a veinticuatro meses si se ha ejecutado. En ambos casos se impondrá, además, la pena de inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años».

El modelo español no contempla la figura del fiscal instructor porque en España son exclusivamente los jueces y magistrados quienes emiten las sentencias «en virtud de la potestad conferida por la Soberanía Popular y en nombre del Rey». Por lo que existe un vacío legal puesto que el ordenamiento jurídico no contempla la figura del fiscal instructor que actualmente opera, de manera directa o indirecta, en España.

Archivo

Este jueves el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha adoptado el archivo en un decreto en el que señala que la investigación practicada permite descartar la existencia de conductas penalmente relevantes en ese proceso de adquisición de mascarillas y en el que destaca que Ayuso «no ha intervenido en el procedimiento» porque el Consejo de Gobierno «no es un órgano de contratación en la Comunidad de Madrid». Archiva por tanto la investigación en lo que se refiere a los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, fraude y falsedad.

Además, Anticorrupción se ha mostrado tajante sobre el supuesto tráfico de influencias en la investigación sobre el contrato de mascarillas. No existe «intervención directa ni indirecta de la presidenta en este expediente como tampoco de la mediación en su nombre por parte de su hermano ante funcionario o autoridad alguna», subraya el decreto de archivo.

Respecto al supuesto tráfico de influencias cometido por la Comunidad de Madrid e Isabel Díaz Ayuso, Luzón ha añadido que «la hipótesis delictiva planteada por los denunciantes se fundamentaba en una secuencia de hechos de la que inicialmente no se deducían indicios razonablemente verosímiles ni de la realización del hecho investigado, ni de su carácter delictivo ni de la responsabilidad en el mismo de la persona aforada. La investigación desarrollada en estas diligencias no ha confirmado la referida hipótesis delictiva ni permite avanzar más en ella».