El fiscal anti-ETA pide que le dejen investigar los atentados sin resolver como se hace con el franquismo

Si los asesinatos de ETA sin resolver tuviesen un marco legal para investigarlos como el que tienen las víctimas del franquismo con la Ley de Memoria Democrática, ningún crimen etarra quedaría sin investigar. Así lo asegura el hombre que lleva el peso de la lucha antiterrorista en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Carlos Bautista. Lo hizo durante las IX Jornadas de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), celebradas recientemente en la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco.

«La solución para que se puedan resolver los crímenes sin esclarecer es modificar la Ley de Víctimas del Terrorismo, otorgándole las mismas posibilidades de investigación que tiene la Ley de Memoria Democrática», reclamó Carlos Bautista durante su intervención en referencia a los 379 asesinatos sin resolver de los cerca de 900 que cometió ETA durante sus 43 años de historia criminal.

La Ley de Memoria Democrática abre la puerta a que las víctimas del franquismo y la Guerra Civil puedan acudir a la justicia en busca de «verdad y reparación». En su articulado, la ley establece pautas para que todas las leyes del Estado español se apliquen conforme al derecho internacional y no puedan considerarse prescritos los asesinatos cometidos como crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura.

La Ley de Memoria Democrática considera que ni siquiera son amnistiables estos crímenes del franquismo, por lo que los cometidos antes de 1977 podrían ser reinvestigados. Entre ellos, el del alcalde de Galdácano que confesó recientemente Josu Ternera en el documental de Jordi Évole No me llame Ternera. No estaría prescrito.

Además, esa ley incluye otro artículo -que no figura en la ley de víctimas del terrorismo- que obliga al Estado a garantizar la tutela judicial efectiva de las víctimas y a investigar cualquier violación de los derechos humanos, pero apostilla «ocurridas con ocasión de la guerra y la dictadura».

Crímenes sin resolver

Los esfuerzos para que estos 379 crímenes no terminen cayendo en el olvido, pese a que su recorrido penal ya está extinto por la prescripción del delito, no sólo provienen de la Justicia o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También desde la sociedad civil.

La asociación Dignidad y Justicia reclamó la pasada primavera que se investigasen estos asesinatos «en toda su extensión» bajo el prisma de delitos de lesa humanidad. Argumentan que la Constitución española garantiza esta figura penal para los 379 asesinados por la banda terrorista de quienes se desconoce la identidad de sus asesinos.

También se ha intentado por otra vía: la del genocidio en grado de tentativa. Este mismo 2023, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón acordó reabrir la investigación sobre el atentado de ETA que tuvo lugar en el año 2000 en Sallent de Gállego (Huesca), que costó la vida a una pareja de guardias civiles. Lo hizo a raíz de una querella que enmarca este crimen en «una política de genocidio en grado de tentativa», una nueva vía que permitiría declarar imprescriptibles 327 de los 379 crímenes de ETA sin resolver.