LEY DE AMNISTÍA

Éste es el informe que Vox ha enviado a Von der Leyen alertando de la deriva «autoritaria» de Sánchez

Vox amnistía
Pelayo Barro

Vox busca cómo frenar en Bruselas la amnistía a los separatistas del procés que el Gobierno no descarta conceder para investir de nuevo a Pedro Sánchez como presidente. La formación, a través de su jefe de delegación ante el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha remitido un informe a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Layen, y al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, explicando pormenorizadamente la deriva «antidemocrática y autoritaria» del Gobierno con la «exclusiva voluntad de permanecer en el poder». Piden, además, que Bruselas tome cartas en el asunto como hizo con el precedente similar de Rumanía.

«El Estado de Derecho en España está bajo amenaza debido a la posible aprobación por parte del presidente Pedro Sánchez de una Ley de Amnistía, que busca el apoyo que necesita de los partidos separatistas para su presidencia, después de perder las elecciones generales en España el 23 de julio», advierte en esa comunicación Vox.

«Millones de españoles viven con gran preocupación la posible aprobación de una Ley de Amnistía, que pondría fin a la separación de poderes, acabando con el poder constitucional del Poder Judicial para juzgar», indica Vox en una carta que acompaña el informe.

Destacan, además, que esta iniciativa de la amnistía «violaría el principio de igualdad ante la ley y establecería definitivamente en España una casta de políticos capaces de eludir la justicia a pesar de haber cometido graves ataques contra el orden constitucional, desobediencia a la autoridad judicial y malversación de fondos públicos».

El informe

En el informe, escrito en inglés y reproducido a continuación, Vox señala que «los separatistas catalanes de Junts y ERC han obtenido resultados electorales muy negativos, pero gracias al cheque en blanco ofrecido por Sánchez han visto la oportunidad de resucitar los ánimos del proceso de secesión ilegal del 1 de octubre de 2017».

El documento remitido a Von der Leyen advierte de que «Sánchez, actual presidente en funciones, ya procedió durante la pasada legislatura a aprobar, contra el Tribunal Supremo (Sala de lo Penal), indultos a políticos condenados, así como, con el apoyo parlamentario de los grupos separatistas, a derogar el delito de sedición y modificar la malversación de caudales públicos, poniendo en grave riesgo el Estado de Derecho, el principio de legalidad, la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica».

«Sánchez, cediendo a este chantaje de los partidos separatistas, con la exclusiva voluntad de permanecer en el poder, avanza en su plan de imponer un régimen donde el gobierno amenace la neutralidad institucional, junto con la destrucción de la separación de poderes», continúa.

Le recuerdan a Von der Leyen que las mismas fuerzas políticas separatistas que hoy piden la amnistía fueron las que mantuvieron «contactos verificados con funcionarios rusos, en su plan de desestabilizar las democracias europeas, incluida la española».

Además, inciden en que la Constitución española «no incluye la figura jurídica de la amnistía» y que «viola el principio de igualdad ante la ley, que es el fundamento de una sociedad democrática moderna y es, posiblemente, uno de los actos de arbitrariedad más crueles que puede realizar un legislador».

Rumanía

Continúa el informe: «Ante esta situación, la Unión Europea no puede mirar impasible cómo el gobierno de uno de sus Estados miembros viola flagrantemente los principios más básicos de su propio acervo; un gobierno en funciones que permita y coopere en un ataque directo a la integridad territorial y constitucional de España».

Y en ese punto, recuerdan el caso de Rumanía: «Existe un precedente similar, en el que la Unión Europea se opuso a un Estado miembro que pretendía aplicar una amnistía. En 2019, durante la presidencia rotatoria del Consejo, Rumanía fue fuertemente advertida por la Comisión Europea tras las enmiendas que el presidente del país pretendía adoptar para conceder una amnistía a los condenados por delitos de corrupción».

Citando al ex presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker, rememoran sus palabras advirtiendo a Rumanía que «si se concediera la amnistía, como algunos en este país prevén, sería un paso atrás en el Estado de Derecho».

«Como se ve, el caso de Rumanía es muy similar al que pretende aplicar Sánchez. La Unión Europea no puede permitir que el presidente del Gobierno de un Estado miembro viole los principios más básicos del Estado de Derecho consagrados en el artículo 2 del TUE para satisfacer sus ambiciones políticas», indica el informe.

Reunión

Además, el representante de Vox ha solicitado una reunión con la presidenta y el comisario con el objetivo de hablar sobre protección de la democracia, la igualdad ante la ley y evitar espacios de impunidad para los políticos.

Esta acción se une a la petición de un debate en la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo sobre el Estado de Derecho en España, asunto que se decidirá el próximo martes 19 de septiembre.

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