España sigue presionando a la UE con el catalán: propone una oficialidad parcial en 2027

• María Ruiz
• Portadista. Especialista en 'breaking news' y noticias de nacional, sociedad e internacional.
• • 23/05/2025 18:55
  • Actualizado: 23/05/2025 20:45

El Gobierno de Pedro Sánchez no tiene intención de cejar en sus presiones a la UE para que le haga el trabajo que le exige Junts: que el catalán sea lengua oficial en Bruselas. La última propuesta del Ejecutivo para convencer a sus socios europeos de que permitan el reconocimiento del catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales en la UE plantea su oficialidad parcial dentro de dos años, 2027.

La propuesta del Gobierno socialista para contentar a sus socios independentistas es que partir de esa fecha se traduzcan de toda la legislación comunitaria los reglamentos del Consejo y del Parlamento Europeo, lo que en la última legislatura supuso menos del 3% de todos los actos jurídicos.

Así, la oferta sobre la mesa de los 27 propone una modificación del marco lingüístico para ampliar el paraguas a las tres lenguas cooficiales a partir de 2027, segun Ep. La reforma incluiría una «derogación» inmediata por la que las instituciones de la UE no estarán obligadas a redactar todos sus actos legislativos ni a publicarlos en el Diario Oficial de la UE en catalán, euskera y gallego. Los Veintisiete deberán abordar a más tardar en un plazo de cuatro años la revisión de la derogación para decidir si se pone fin a la misma y todo cambio se decidirá de nuevo por unanimidad.

La propuesta matiza que este freno no afectará a los reglamentos, es decir, a las normas que, a diferencia de otros actos jurídicos como las directivas, son de aplicación directa en toda la UE y no necesitan transposición nacional. Según las estadísticas de la UE, en la última legislatura, se tramitaron un total de 12.065 actos jurídicos de los que el 2,6% (316) fueron reglamentos.

Catalán en la UE

Además, para superar las reservas de los países con dudas sobre el coste de la reforma, el Gobierno añade una declaración en la que afirma que será España quien asuma todos los costes de la oficialidad del catalán, euskera y gallego, aunque no pone por el momento una cifra de lo que supondría. Este compromiso figura como un considerando, frente al marco actual, que establece que la oficialidad corre a cargo de las arcas comunitarias.

A falta de un plan detallado de cómo aplicar en la práctica el paso de 24 a 27 lenguas oficiales, España apunta que «en los próximos meses» y «antes de que se aplique el acuerdo» se coordinará con las instituciones de la UE para presentar al Consejo una propuesta de los recursos materiales, técnicos y humanos necesarios para «no aplicar o reducir gradualmente» la derogación prevista en el reglamento para cada una de las tres lenguas.