INFORME DE 'THE ECONOMIST'

España deja de ser una «democracia plena» con Sánchez según el ranking de ‘The Economist’

España democracia plena
Informe de 'The Economist'.
Paula Baena

España pasó de ser una «democracia plena» a una «democracia defectuosa» en 2021, según el último Índice de Calidad Democrática publicado por The Economist, considerada la revista económico-política más prestigiosa del mundo.

Nunca antes en este informe España se había catalogado como una «democracia defectuosa», aunque ya, desde que gobiernan PSOE y Podemos con Pedro Sánchez a la cabeza, había retrocedido seis puntos en este ranking anual que analiza la calidad democrática de los países.

En enero de 2020 Sánchez no dudaba en fardar en sus redes sociales de que España era, un año más, considerada una «democracia plena» por The Economist. Una condición que, tras dos años bajo su Gobierno, España ha perdido y sobre lo que, por supuesto, Sánchez no se ha pronunciado este jueves.

En esta ocasión, el retroceso de 0,18 puntos en la puntuación de España ha bastado para que el país pase de ser considerado una democracia «plena» a una «defectuosa», algo que jamás había ocurrido, ni siquiera cuando en 2017 su puntuación cayó a raíz del referéndum ilegal del 1-O.

Así, España pasa de los 8,12 puntos del 2020 a 7,94 en el 2021, y eso supone salir de la división de honor, que encabeza Noruega por amplio margen, con una nota de 9,75 sobre 10 (perdiendo, seis centésimas respecto al año anterior).

España se convierte así en el único país de Europa que ha pasado de ser una «democracia plena» a una «democracia defectuosa» en 2021. A nivel mundial, únicamente Chile además de España ha retrocedido a este nivel.

De acuerdo con la publicación, el retroceso de España se debe a cuatro razones: la independencia judicial, la fragmentación parlamentaria, la corrupción y el creciente nacionalismo catalán.

The Economist  menciona las «divisiones políticas» a la hora de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como uno de las principales motivos que han llevado a España a bajar en este ranking, equiparándose con países como Sudáfrica, Israel, Estonia, Botsuana, Chile o Estados Unidos.

La revista recuerda que en la actualidad «el consejo está funcionando de forma interina, ya que su mandato venció en 2018 y no ha habido acuerdo sobre el nombramiento de nuevos jueces (que necesitan una mayoría de tres quintos en el Parlamento)».

Además, la independencia judicial de España está especialmente en tela de juicio desde que Sánchez colocara como Fiscal General del Estado a la ex ministra de Justicia de su Gobierno, Dolores Delgado. Un nombramiento que se produjo meses después de cargarse de un plumazo la supuesta división de poderes del Estado al afirmar que la Fiscalía depende del Gobierno.

Para considerarse democracia plena, los países deben tener una nota superior a 8 puntos. En general, la puntuación media global ha caído entre el 2020 y el 2021 hasta su índice más bajo desde que en el 2006 se puso en marcha este termómetro de la calidad de las democracias liberales, con una nota mundial media de 5,28, nueve centésimas menos que el año anterior.

Esta caída en la media mundial puede parecer leve, pero se trata de la más acusada en un sólo año desde la registrada en el 2010, como consecuencia de la crisis financiera, del crecimiento de la desigualdad y de las políticas aplicadas entonces.

Los investigadores atribuyen este retroceso a las medidas excepcionales adoptadas en todo el planeta para el combate de la pandemia de coronavirus y la “expansión del poder estatal”, en palabras de Joan Hoey, directora regional del estudio para Europa. En este sentido sufren más las puntuaciones de Europa Occidental que las de Europa del Este, con peor puntuación, pero comportamientos más planos.

Estados de alarma

El retroceso sin precedentes de España en su calidad democrática se produce el mismo año en el que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales los dos estados de alarma decretados por Sánchez y que le permitieron gobernar con poderes excepcionales durante meses sin rendir cuentas en el Congreso de los Diputados. De hecho, el Tribunal Constitucional también declaró inconstitucional el cierre de la Cámara Baja durante las primeras semanas de la pandemia del coronavirus.

Tres sentencias en las que quedó constatado que Sánchez violó derechos fundamentales de los españoles, más allá de tratarse de limitaciones derivadas de la necesidad de atajar la propagación del covid.

 

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