El Gobierno invita a la Generalitat a desarrollar la ley de pobreza energética y a polemizar menos

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dejado claro que el Gobierno no ha recurrido la ya famosa Ley 24/2015 sobre pobreza energética y ha desvelado que las peticiones del president de la Generalitat, Carles Puigdemont como del vicepresident, Oriol Junqueras, se respetaron porque consideraron que no afectan a la Constitución. Ambos en sus respectivas reuniones con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y con la vicepresidenta en funciones solicitaron que no se tocara la ley de pobreza energética ni los fondos destinados a esa ley.

Esta semana ambos representantes catalanes advertían al Gobierno central que buscarían la manera de reformular la ley de «viviendas desocupadas» para desobedecer a la Carta Magna y aplicarla. «Como no recurrimos la pobreza energética, ahora han cambiado de nombre la ley», señaló con cierta ironía Saénz de Santamaría, quien invitó al Govern a desarrollar la parte sobre pobreza energética que no está recurrida por el alto tribunal y que desarrollen, asimismo, la partida destinada a los fondos para llevarla a cabo. El Gobierno pide que la Generalitat polemice menos con el TC: «Si el objetivo es ayudar a las personas con especial vulnerabilidad, invito a que se desarrolle la parte no recurrida de esa norma», señaló la vicepresidenta.

Desde el Gobierno han querido dejar claro que la Generalitat puede seguir tramitando con independencia del recurso al Tribunal Constitucional. O, si decide impulsar una nueva ley, ha pedido que cumpla con la Carta Magna y entonces «el Gobierno no la recurrirá y el Tribunal Constitucional no tendrá que entrar a resolver» el conflicto.

En cualquier caso, la vicepresidenta ha insistido en normalizar estos recursos de inconstitucionalidad entre instituciones y ha recordado que la Generalitat también recurre a ellos cuando le conviene. De hecho, ha apuntado que la Generalitat ha acudido al Tribunal Constitucional en 51 ocasiones frente a las 32 en las que lo ha hecho el Gobierno. «Pediría para todos un gran respeto institucional. Si acudes al Tribunal Constitucional, que en ocasiones también les da bastante la razón, tienes que aceptar tanto cuando te da la razón como cuando te la quita», aseveró. Además, ha recordado que hay ocasiones en las que el propio Tribunal Constitucional marca el camino para adaptar a la legislación una norma vigente, como sucedió recientemente con la ley ‘anti fracking’, en caso de que estén pensando en reformularla.