La ejecutiva de Junts se reúne hoy con un 70% en contra de aprobar la amnistía que les ofrece Sánchez

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 30/01/2024 06:55
  • Actualizado: 30/01/2024 09:37

Quedan escasas horas para que la Ley de Amnistía se vote hoy martes a partir de las 15:00 horas en el Congreso de los Diputados y todo está en el aire. La clave pasa por la reunión telemática de la ejecutiva de Junts que celebrará en la mañana de hoy la formación separatista, cuyos votos son imprescindibles para Pedro Sánchez. Según ha sabido OKDIARIO, las perspectivas no son positivas, el clima es de una mayoría inclinada a rechazar el texto de la ley tal cual figura en la redacción que los socialistas planean llevar al Congreso en una proporción de un 70% contra un 30%.

En Junts no ven blindada la amnistía con el texto actual tras el auto del magistrado Joaquín Aguirre y los últimos movimientos del juez García-Castellón y valoran votar en contra si el PSOE no acepta incluir sus últimas enmiendas, como había venido haciendo hasta el momento. Las últimas negociaciones en Madrid con Jordi Turull no llegaron a buen puerto, y ahora en el PSOE es palpable la presión ante el posible fracaso en la votación.

El último obstáculo para la entente entre PSOE y Junts llegó por el auto del juez Aguirre por el que se alarga la investigación sobre la trama rusa del procés. Este hecho reforzó el objetivo de Junts de que el texto final pactado con el PSOE incorpore las enmiendas que ha mantenido «vivas» para su debate en el pleno. Además de la supresión del delito de terrorismo, existe otra de no menos trascendencia, la que implica el borrado total de los «delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa nacional».

El actual redactado de la Ley de Amnistía excluye los delitos de «traición». En concreto, el artículo 592 del Código Penal establece que «serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años los que, con el fin de perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de España, mantuvieran inteligencia o relación de cualquier género con gobiernos extranjeros, con sus agentes o con grupos, organismos o asociaciones internacionales o extranjeras».

Y esta vía puede complicar la amnistía para varios dirigentes separatistas si prospera la investigación del caso Volhov, en la que el juez estrecha el cerco sobre los contactos de Rusia con el ex presidente Carles Puigdemont, y apunta, entre otros, al ex responsable de relaciones internacionales de CDC Víctor Terradellas; al jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, y al informático Jaume Cabaní.

En un auto dictado este lunes, el magistrado prorroga la causa durante seis meses y abre la puerta, aunque sin mencionarlo, a que sean imputados por un delito de traición, por el que no podrían acogerse a la Ley de Amnistía.

Conexión rusa

Por ahora, la atención durante la fase de negociación de las enmiendas ha estado centrada en la polémica modificación sobre el terrorismo. En Junts, como ya publicó este periódico, no se dan por satisfechos, y reclaman al PSOE que el texto final no recoja alusión alguna a un delito que, consideran, no se cometió durante el proceso separatista catalán. El auto del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, conocido la semana pasada, que apunta a que las graves lesiones sufridas por dos policías durante los disturbios de octubre de 2019 en Barcelona son «incompatibles» con la Convención Europea de Derechos Humanos complicaría la aplicación de la amnistía, de mantenerse tal cual. De hecho, en el independentismo se asume que los 12 miembros de los denominados Comités de Defensa de la República (CDR) encausados por terrorismo llegarán a juicio.

Pero, además, Junts busca eximir a los acusados de «traición» al Estado. En la resolución del juez Aguirre se abunda en los contactos entre el entorno del ex presidente de la Generalitat y los emisarios del Kremlin, con el propósito de desestabilizar la UE y, con ello, facilitar la independencia catalana.

«Este magistrado ha revisado otra parte importante de la abundante documentación existente en las diferentes piezas de la presente causa, habiendo encontrado datos que identifican a personas y confirmarían las estrechas relaciones personales existentes entre algunos de los investigados con individuos de nacionalidad rusa, alemana o italiana, algunos de ellos mientras ocupaban cargos diplomáticos o relaciones con los servicios secretos rusos, otros miembros influyentes de partidos políticos de la extrema derecha alemana o italiana y con intereses en establecer relaciones de influencia política y económica con el gobierno de Cataluña, si éste se independizaba de forma unilateral de España», se recoge en la resolución.

Según el juez, el interés de los investigados era establecer vínculos de «influencia política y económica para la desestabilización de la democracia y la Unión Europea, consecuencias entre las cuales se podría producir la salida de España de la UE por causa de la independencia unilateral de Cataluña apoyada por el Gobierno ruso»

Así, se sostiene por ejemplo, que los independentistas serían conocedores de los planes de que «se iniciara una guerra entre la Unión Europea y Rusia, siendo (al parecer y según se desprende de algunos mensajes encontrados en el teléfono móvil del investigado Terradellas), la invasión de Ucrania y la consecuente limitación del suministro de gas a Europa».

Sería éste, dice el magistrado, «el primer paso importante de la estrategia política del Gobierno ruso y su presidente (Vladimir) Putin (de tendencia política de extrema derecha) para la desestabilización de la democracia y la Unión Europea». En el caso de Alay, por ejemplo, constan acreditadas varias conversaciones entre él y el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, «que revelan de manera inequívoca sus contactos con altos dirigentes» rusos, y varios viajes a Rusia.

El juez expone que esos contactos con personalidades rusas «se llevaron a cabo tanto antes de la supuesta declaración de independencia como después de ella, cuando Terradellas ya no era el punto de contacto en el ámbito ruso» (al ser detenido) y fue sustituido por Alay.