Delgado amenaza con actualizar la regulación de la Fundación del Valle de los Caídos por preconstitucional

Así lo ha explicado Delgado en el Pleno del Congreso, en respuesta al diputado del PDeCAT, Jordi Xuclà, quien ha recordado que esta
entidad se creó mediante un decreto en 1957 y que, desde 1982, la gestiona «de forma temporal» Patrimonio Nacional, sin que en todo este tiempo ningún Gobierno haya resuelto «el fondo del asunto».

Y es que, según ha denunciado, la fundación carece de estatutos, patronatos y funciones y ha recibido más de dos millones de euros en subvenciones en los últimos seis años. También ha recordado que en dos ocasiones desde 2013 el Tribunal de Cuentas ha pedido una nueva regulación jurídica para la fundación y que se registre «de forma separada y rigurosa sus patrimonios, sus gastos y sus ingresos».

¿Dónde está su patrimonio?

«Nos deberíamos preguntar dónde está este patrimonio, quizá esté muy cerca de aquí en alguna caja fuerte del Banco de España y quizá sea de origen desconocido», ha deslizado Xuclà, quien también ha reprochado al Gobierno que no haya revisado el convenio con los benedictinos que custodian la Abadía del Valle de los Caídos, a los que ha acusado de «apología del franquismo».

La ministra le ha respondido que está «clarísimo» que ha que «actualizar» la regulación de la fundación «con criterios de utilidad pensando en el interés general» y el buen uso de los fondos públicos que recibe.

«Estamos controlando y fiscalizando la fundación en beneficio de que las subvenciones estén cumpliendo con sus fines y siguiendo las indicaciones del Tribunal de Cuentas», ha añadido, recordando que la fundación reparte esas ayudas entre la abadía y la hospedería del Valle de los Caídos para su mantenimiento.

Eso sí, ha desvelado que el Gobierno de Mariano Rajoy, cuando estaba en funciones, concretamente en julio 2016, también por recomendación del Tribunal de Cuentas, pidió a la fundación un informe detallado de sus gastos e ingresos «para determinar con razonabilidad el uso del dinero público». «Aún estamos esperando que nos los explique», se ha lamentado la ministra, desvelando que el Ejecutivo aún no ha recibido informe alguno más de dos años y medio después.