Pradas amplía su queja al Poder Judicial contra la juez de la DANA: «Afecta a las garantías procesales»

La defensa de la ex consellera de Justicia de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, ha presentado este lunes ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una ampliación de la queja formulada ante esta misma instancia este 14 de mayo y dirigida contra la juez que instruye el caso de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra. La defensa de Salomé Pradas, entiende que los hechos que contiene la ampliación de su queja «afectan a las garantías procesales y al derecho» de su defendida. Por ese motivo, ha solicitado la intervención al CGPJ. Así consta en el documento al que ha tenido acceso OKDIARIO. salomé Pradas es una de las dos únicas personas investigadas en la causa. La otra es el ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.

La ampliación de la queja de Salomé Pradas ante el Consejo General del Poder Judicial se fundamental en dos puntos. Uno, la denegación de la transcripción íntegra o literal de la declaración de la propia Salomé Pradas en sede judicial en calidad de investigada por parte de la juez. Y otro, porque la defensa de Salomé Pradas entiende que la instructora ha convertido la solicitud de agrupación de las acusaciones personadas, que esa misma defensa realizó, «en un juicio anticipado de culpabilidad» de la propia Salomé Pradas.

En lo referente a la denegación de la transcripción íntegra o literal de la declaración de la propia Salomé Pradas en sede judicial en calidad de investigada este 11 de abril, su defensa manifiesta que la transcripción oficial «se ha limitado a una versión resumida de 10 folios», donde no se incluyen las preguntas formuladas, citas legales y matices presentes en la respuesta. Aspectos, todos ellos, que el abogado Eduardo de Urbano, que dirige la defensa de la ex consellera, considera «relevantes».

Por lo que respecta a la solicitud de agrupación de las acusaciones personadas, que son cerca de 40, la defensa de Pradas advierte que la juez ha habilitado un plazo «inexistente en la fase de instrucción», al objeto de que todas las acusaciones «manifiesten los indicios de responsabilidad penal que consideren» contra la ex consellera y el citado ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.

El abogado de Salomé Pradas advierte en su escrito que esa actuación ordenada por la magistrada puede conllevar «un juicio anticipado de culpabilidad impropio de la fase de instrucción». Eduardo de Urbano destaca en este punto un dato importante: que con anterioridad, la misma magistrada había concedido previamente un plazo de 15 días a las partes para que éstas se pronunciaran sobre la agrupación de acusaciones solicitada.

El abogado de Salomé Pradas pide al Consejo General del Poder Judicial que se investiguen los hechos y que «por razones de prudencia y ante la gravedad de los hechos, se suspenda a la citada magistrada de seguir con la instrucción». Y que se dispongan, entre tanto, que siga con la misma su sustituto legal. Advierte el abogado que, de no hacerse así, «una eventual nulidad de lo actuado, podría tener gravísimas consecuencias».

En su anterior escrito, Eduardo de Urbano denunciaba que el derecho a la defensa de la ex consellera estaba siendo «gravemente» afectado por la forma en que Ruiz Tobarra está conduciendo la instrucción. Y advertía haber «detectado irregularidades» que a juicio de la defensa «vulneran derechos fundamentales de las partes y ponen en cuestión la equidad del procedimiento».

Además, en su queja, el letrado pidió al CGPJ que incoara diligencias informativas «a fin de que se investiguen los hechos relatados». Y que en tanto se efectuara dicha investigación «y ante la gravedad de los hechos» de la queja «se considere suspender a la citada magistrada de seguir con la instrucción, disponiéndose entre tanto que continúe con la misma su sustituto legal», como ha solicitado ahora.

La instrucción del caso que está llevando a cabo la juez Ruiz Tobarra también ha sido objeto de la presentación de una denuncia para transformar en querella por parte del sindicato de funcionarios Manos Limpias. En concreto, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) y por la supuesta prevaricación judicial de la propia magistrada.