La delirante respuesta de Torra al juez: «No quité los lazos porque me debo a un mandato superior»

Quim Torra, presidente de la Generalitat, no ha tenido pudor en reconocer que, efectivamente, no acató la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos de las instituciones públicas. «Sí, desobedecí, porque yo me debo a un mandato superior de la ciudadanía de defensa de los derechos humanos», así se desprende de la declaración del separatista ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Ha sido desvelado por un audio al que ha accedido TV3 y que ha recogido Europa Press, el mismo en el que el separatista señala que no dictó la orden de retirar los lazos de apoyo a los golpistas en prisión preventiva porque consideró: «Era una orden manifiestamente ilegal dictada por un órgano que no era competente en absoluto, no era una autoridad competente superior a mí».

Tras sus palabras, los tribunales han procesado al presidente catalán por presunta desobediencia a la orden de la JEC de retirar estos símbolos de los edificios públicos durante la campaña electoral, después de abrir un procedimiento a raíz de una querella de la Fiscalía Superior de Cataluña. «Todas las decisiones que se tomaron en ese momento fueron mías. La última responsabilidad de todo lo que pasó fue mía. El hecho de mantener pancartas en defensa de libertad de expresión y de los derechos humanos fue mía», ha explicado Torra.

Al ser preguntado por el cambio de pancarta, que pasó de ser un lazo amarillo a uno blanco tachado en rojo, comentaba el magistrado, Torra contestaba que «no tuvo ninguna relevancia, seguimos enviando el mismo mensaje».

Para el dirigente catalán, tal y como ha explicado en los citados audios, no atendió a la orden de la Junta Electoral porque determinó que «implicaba, si se tuviera que cumplir, unas competencias de las que no disponía en absoluto como presidente de la Generalitat», y porque él, como presidente de los catalanes, se debe a la defensa de los derechos fundamentales de toda la ciudadanía y, por lo tanto, su libertad de expresión.

Lamentó también, y así lo ha comentado ante los tribunales: «Me pedían que yo dictara una orden para la que no era competente», y resaltó su imposibilidad absoluta de tirar adelante una orden como esa, en sus palabras, porque suponía ambigüedad e indefensión.

Sobre este punto, Torra añadió que esperaba que la Fiscalía, como garante de la legalidad, llegara a la conclusión de que estaban «ante un acto nulo emitido por un tribunal incompetente». También cuestionó que la resolución la dictara la Junta Electoral Central (JEC) cuando el órgano competente era, a su juicio, la Junta Electoral provincial.