La juez del 8-M ve «sorprendente» que Franco necesite más tiempo para prestar declaración

La juez Carmen Rodríguez-Medel, que instruye el caso 8-M, le ha lanzado un dardo a la Abogacía del Estado en el escrito donde comunica que aplaza la citación como investigado del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, al 10 de junio. «Resulta sorprendente que necesite más tiempo» para preparar la declaración, afirma la magistrada.

La titular del Juzgado de Instrucción número 51 responde así al recurso presentado por la Abogacía este miércoles que ha solicitado a la Audiencia Provincial la revocación de la magistrada que investiga si se cometió un delito de prevaricación al permitir las marchas feministas del 8-M cuando ya existía un alto riesgo de contagio por coronavirus.

En la providencia, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, la juez señala: «Tal y como consta en autos, se le notificó que quedaban las actuaciones a su disposición para realizar la correspondiente copia de la documentación aportada tanto el 21 de abril como el 21 de mayo, no siendo hasta que se ha ordenado la resolución judicial que comparezca el 26 de mayo que efectivamente ha comparecido la Abogacía del Estado para obtener copia, y sin perjuicio de poner de manifiesto también que dispone – desde esa fecha- de ocho días para el estudio de las actuaciones, a fin de favorecer la preparación de su defensa, se accede a retrasar las declaraciones al día 10 de junio».

Según manifiesta la magistrada, la Abogacía del Estado que ejerce la defensa del delegado del Gobierno ha contado con tiempo suficiente para preparar la declaración. No obstante, ha accedido ha retrasar la citación que deberá realizar de manera presencia a las 15:30 horas en los Juzgados de Plaza de Castilla

La juez ha explicado que finalmente la comparecencia se realizará de manera presencial porque han existido problemas técnicos con el sistema ZOOM, es la herramienta utilizada para realizar videoconferencias desde el Juzgado. Y añade:»A fin de evitar que problemas similares impliquen mayores retrasos en las declaraciones de la presente causa, se acuerda que, dada la imposibilidad de tener certeza de que la conexión telemática es posible, se practiquen de forma presencial, debiendo en consecuencia comparecer las partes y los testigos en esta sede judicial en el día y hora indicados», añade.

Otros citados 

Ese mismo día también declararán tras él y en calidad de testigos el secretario general de la Delegación del Gobierno, Fernando Talavera, el director del Gabinete técnico, Luis María Sanz, y el director de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas.

De esta forma, la juez responde al escrito presentado por la Abogacía del Estado que solicitó aplazar tanto la comparecencia ante la juez como la declaración señalada ante la policía judicial prevista para el 25 de mayo. Sin embargo, esta última no pudo aplazarla dado que el  escrito de la defensa entró en el juzgado este jueves 27 de mayo y, por tanto, fue imposible atender esa solicitud.

Recusación 

El Gobierno ha usado a la Abogacía del Estado para atacar a la juez del 8-M. La Abogacía del Estado ha apelado a la Audiencia Provincial de Madrid solicitando la revocación del auto por el que la juez Carmen Rodríguez-Medel abrió la investigación penal por permitir la manifestación del 8-M en Madrid.

El escrito carga duramente contra la instructora, a la que acusa de convertir la instrucción «en una causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria» saltándose incluso las suspensiones procesales vigentes en el estado de alarma.

El recurso está firmado por la abogada del Estado Rosa María Seoane y fue presentado el pasado 20 de abril, casi un mes antes de que se elaborara el informe de la Guardia Civil que ha provocado la purga del jefe de la comandancia del instituto armado en Madrid, Diego Pérez de los Cobos, y la posterior dimisión del número 1 de la Guardia Civil.

La Abogacía del Estado defiende que Rodríguez-Medel ha ignorado las disposiciones del estado de alarma para los tribunales y ha vulnerado el derecho del delegado del Gobierno a un proceso con todas las garantías, por lo que solicita a la Audiencia que declare su nulidad.

Además, acusa a la juez de que «en su afán de encontrar indicios de la tipicidad de los hechos denunciados» ha desbordado el ámbito competencial que ella misma acotó respecto a la investigación del 8-M y solicita a la Guardia Civil información «no solamente sobre la actuación del Delegado del Gobierno, sino que cualesquiera otras autoridades que ni siquiera identifica, convirtiendo esta instrucción en una causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria».