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Cuando Marlaska aseguraba que la inmigración era «competencia exclusiva del Gobierno central»

Entonces, Marlaska aseguraba estar "del lado de la Constitución" para negar esa concesión

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que «el control de fronteras y los flujos de migración irregular son competencia exclusiva del Gobierno central». Por eso, incidió que «no son susceptibles de ser transferido ni delegados». El juez de profesión se expresó de esta forma el pasado 18 de septiembre de 2024, en una respuesta oral durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Entonces, su posición era opuesta a la que ha mostrado el Ejecutivo al ceder las competencias en inmigración en Cataluña a la Generalitat tras el pacto del PSOE con Junts.

Marlaska se mostraba entonces «del lado de la Constitución y del lado de las autonomías» y se abría a «compartir competencias sobre políticas que nos afectan a todos, como es la migratoria». Sin embargo, aseguraba que esa colaboración era limitada, ya que la inmigración era «competencia exclusiva del Estado y del Gobierno central».

El ministro respondía a una pregunta oral de Josep Maria Cruset, diputado de la formación del ex presidente del Govern de la Generalitat, Carles Puigdemont. Entonces, el representante de Junts, amenazó al Ejecutivo de Sánchez con no volver a apoyarles: «O cumples los acuerdos o derrotas parlamentarias». Además, aseguró que su partido no aceptaría un pacto «rebajado» y que lo que buscaban con la cesión de competencias en inmigración era «la independencia de Cataluña». «Si queremos la independencia de Cataluña, queremos ejercer materias de inmigración plenamente», ahondó Cruset.

El titular de Interior lamentó que la posición de Junts «se acerca mucho» a la de otras formaciones, en opinión del ministro, como Vox. Aun así, se mostró abierto a negociar sobre «otros aspectos relacionados con la inmigración que sí pueden ser competencia de las comunidades autónomas y en los que se puede trabajar». «Siempre en el marco de la legislación española y del derecho europeo», apostillaba Marlaska.

Además, justificaba que «la política migratoria se enmarca dentro de Constitución, en la legislación europea y los compromisos internacionales». «A partir de ahí, siempre estamos dispuestos a trabajar para una mayor coordinación», apostilló.

Acuerdo PSOE-Junts

El acuerdo firmado entre el PSOE y Junts ha implicado la delegación y no la transferencia de esas competencias. Las mismas que Marlaska negaba que pudieran entregarse. Aunque es cierto que la titularidad sigue siendo del Estado, ya que la Constitución Española lo establece así, sí se cede la gestión a la autonomía. Se trata de una de las concesiones de los socialistas a Junts como prebenda a cambio de su apoyo al último decreto ómnibus aprobado en el Congreso de los Diputados a propuesta del Gobierno.

Entre otras cosas, la autonomía ahora pasará a gestionar los puestos fronterizos en puertos y aeropuertos catalanes, la entrada y permanencia de ciudadanos extranjeros, competencias plenas para iniciar y ejecutar procesos de expulsión -facultad tradicionalmente exclusiva del Estado- y controlará la gestión del Número de Identidad de Extranjero (NIE).