El Constitucional de Pumpido culmina el borrado de los ERE: ordena rebajar la condena a Zarrías

El Tribunal Constitucional (TC) ha ordenado rebajar la condena al ex consejero andaluz Gaspar Zarrías por el caso ERE. El que fuera consejero de la Presidencia había sido condenado por prevaricación a 9 años de inhabilitación. La corte de garantías ha pedido a la Audiencia de Sevilla que dicte otra sentencia y que la nueva resolución rebaje su castigo de inhabilitación.

El Constitucional ha argumentado que se vulneró su legalidad penal para anular la condena de 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación en la causa de los ERE. Esta decisión se ha unido a otras sentencias que anulaban las condenas a ex altos cargos de la Junta de Andalucía.

Una vez más, el TC se ha vuelto a mostrar dividido. Los siete magistrados de izquierdas han votado a favor de esta decisión, mientras que los cuatro conservadores la han rechazado. La sentencia va a tener votos particulares de esos cuatro magistrados: Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, César Tolosa y Concepción Espejel.

La sentencia había sido dictada por la Audiencia de Sevilla y fue, posteriormente, confirmada por el Tribunal Supremo. Ahora, el Constitucional insta a la corte provincial que se dicte otra resolución en la que se respeten los derechos que la corte de garantías considera que se han quebrantado. Esto significará una reducción de la condena de un modo similar a otros consejeros autonómicos.

Chaves y Griñán

Este martes, los beneficiados fueron los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, a este último también borró su condena de cárcel por malversación.

Griñán había sido condenado a seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación por el caso ERE en el que se malversaron 680 millones de euros y se desvió dinero público a prostíbulos y drogas. El ingreso en prisión del ex presidente de la Junta se suspendió por un cáncer que padece, pero se iba a revisar esta postura en unos meses.

Griñán estuvo involucrado en la elaboración y aprobación de los anteproyectos y proyectos de ley de presupuestos para los años de 2005 a 2009. El borrador del Constitucional consideraba que la elaboración y aprobación de los anteproyectos de ley por el Parlamento de Andalucía no constituye este delito.

Manuel Chaves fue condenado a nueve años de inhabilitación especial por prevaricación en el caso de los ERE. El Constitucional ha ordenado a la Audiencia Provincial que se limite a juzgar los hechos ocurridos entre el año 2000 y 2001 y no entre 2002 y 2009. La corte de garantías argumenta que, a  diferencia del primer periodo, el segundo contó con el respaldo legal de los anteproyectos y proyectos de ley de presupuestos aprobados por el Parlamento de Andalucía.

El TC ya había utilizado esta justificación en la sentencia de Magdalena Álvarez, la primera ex consejera condenada que recibió una resolución favorable del Constitucional. A ojos de la ponente del caso, María Luisa Balaguer, el proyecto de ley, mientras es proyecto, no puede someterse a juicio de legalidad, y una vez aprobado como ley, sólo puede ser juzgado por su constitucionalidad. Así, dado que el Constitucional no se pronunció sobre la constitucionalidad de la norma, se presume su legalidad, protegiendo las actuaciones de quienes actuaron bajo su amparo.

Sus sentencias han derivado en la excarcelación de cinco ex altos cargos de la Junta de Andalucía: los ex consejeros de Hacienda, de Innovación, de Empleo, el ex director de una agencia autonómica y el ex viceconsejero de Innovación. Con esto, la corte de garantías termina de resolver los casos vinculados con los ERE que habían sido llevados ante el Constitucional.