El Constitucional admite el recurso de Ayuso contra el racionamiento energético impuesto por Sánchez

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso que presentó la Comunidad de Madrid a iniciativa de Isabel Díaz Ayuso contra el polémico decreto de medidas de «ahorro energético» aprobado en agosto por el Gobierno de Sánchez. El Ejecutivo autonómico se opuso desde el primer momento al racionamiento energético que imponía, entre otras medidas, limitar la calefacción a 19 grados y la refrigeración a 27.

El Constitucional ha admitido ahora este recurso contra el Real Decreto-ley 14/2022. Esa medida recogía la obligatoriedad en edificios públicos, espacios comerciales y grandes almacenes, infraestructuras de transporte (aeropuertos y estaciones de tren y autobús), espacios culturales y hoteles de limitar a 27 grados el uso del aire acondicionado en verano y a 19 grados la calefacción en invierno. Además, también obliga a apagar las luces de escaparates y edificios públicos que estén desocupados a partir de las 22 horas.

Desde el primer momento, el Gobierno de la Comunidad de Madrid anunció su intención de acudir al Constitucional para impugnar un decreto que consideraba que Sánchez había impuesto «de forma autoritaria, arbitraria y contra los comercios y demás establecimientos públicos en un momento muy difícil para todos ellos».

Para la Comunidad de Madrid, el Gobierno central con esta iniciativa «invade competencias sin justificación», especialmente en materia de Sanidad y Comercio, «sin haber razones de urgencia». Desde el punto de vista sancionador, el Ejecutivo regional cuestionó la aplicación del decreto, ya que no se especifica cuánto tiempo han de estar apagados los escaparates ni los edificios públicos.

Además, se incidió en que el texto va en contra del Decreto de Salud y Seguridad en el trabajo de 1997, que establece que las actividades denominadas de trabajo ligero, como son las propias del comercio y la hostelería, no se pueden superar los 25 grados de temperatura.

«De espaldas a las comunidades»

Desde el PP, se denunció que ese decreto se elaboró «de espaldas a las comunidades, los ayuntamientos y los agentes económicos y sociales». En el PP se dio libertad a las autonomías gobernadas por ellos para recurrir este decreto, y ahora el Constitucional admite a trámite la impugnación del Ejecutivo madrileño de Ayuso.

Ahora, una vez admitida la demanda, el Constitucional debe dar tralado de la misma a los órganos legislativo y ejecutivo de la Comunidad de Madrid, para que puedan personarse y formular las alegaciones que estimen oportuno. Tras este trámite, el Tribunal Constitucional dictará su sentencia.

En opinión del vicepresidente emérito del Constitucional, Ramón Rodríguez Arribas, actualmente al frente de un despacho privado de abogados, este decreto supone «un racionamiento energético, una prohibición, es duro», según contó OKDIARIO en agosto.