España

Las condiciones de Rajoy para frenar el 155: retirar todas las ilegalidades y renunciar públicamente

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No bastará con convocar unas elecciones autonómicas para que la Generalitat se libre del artículo 155. Aunque Puigdemont anuncie unos comicios exclusivamente regionales esta semana, aunque lo haga antes de la aprobación por el Pleno del Senado de las medidas de aplicación concreta del 155, y aunque el presidente de la Generalitat las convoque dentro del marco electoral de la legislación nacional y sin haber declarado la efectividad de la declaración unilateral de independencia, no bastará.

El pliego de condiciones, que ya ha sido filtrado a la Generalitat para plantear una paralización del 155, es mucho más amplio. Y exige desde el compromiso de retirada de toda la batería legislativa emanada desde el Parlamento catalán y contraria a la Constitución, hasta un acto de retractación público en el que quede clara la paralización de la declaración unilateral de independencia y la renuncia a proseguir con el golpe de estado.

En caso contrario, el viernes se aprobarán definitivamente las medidas planteadas por el Gobierno en el Consejo de Ministros extraordinario del sábado y todos los consejeros regionales, más el presidente y vicepresidentes autonómicos pasarán a perder íntegramente sus poderes y cargos para dar paso a un control pleno por parte de Moncloa.
Pese a que las discusiones han sido intensas en el seno del Gobierno sobre las condiciones para aceptar un freno al 155 una vez lanzado, ya hay consenso. Y ya lo conoce la Generalitat.

En consecuencia, los «trucos legales» -como ya han sido calificados internamente los intentos que puede barajar Puigdemont para sortear el 155 antes de su definitiva aprobación por el Pleno del Senado- no serán aceptados en solitario: ni una convocatoria de elecciones denominadas como «constituyentes», ni una declaración unilateral de independencia acompañada de la convocatoria de unas elecciones puramente autonómicas, ni la anteposición del anuncio de unas elecciones regionales para acto seguido proceder a declarar la república independiente de Cataluña.

El debate jurídico y político ha concluido con una versión: nada de eso será aceptado salvo que vaya acompañado de los siguientes requisitos: en primer lugar, un acto de retractación de todos los actos inconstitucionales e ilegales, tanto desde el punto de vista de la actividad legislativa que ha llevado a cabo el Parlamento catalán en contra de España y su unidad, como desde el punto de vista político. Además, se exigirá la renuncia formal a toda estrategia de avance hacia la ruptura nacional. Por supuesto, a ese paso se le suma la retirada formal de la declaración unilateral de independencia y el compromiso de no rehabilitación. Todo ello tendrá que ir acompañado de un compromiso de paralización de cualquier actividad legislativa futura en contra de la legalidad española. Y, como colofón, todo ello tendrá que ser comunicado al Gobierno y expuesto y confirmado en Cataluña, con lo que Puigdemont tendría que someterse al escrutinio del resto de partidos separatistas que le han acompañado en este desafío a la Constitución y a España.

Desde el Gobierno saben que el conjunto de condiciones es amplio y muy difícil de cumplir para Puigdemont y su equipo de Gobierno. De hecho, supondría su suicidio político en Cataluña. Pero, el Ejecutivo de Mariano Rajoy quiere cuadrar dos objetivos: por una lado, que nadie pueda interpretar que la oferta de visita de Puigdemont al Senado esta semana no ha ido acompañado de una mano abierta al diálogo por parte del Gobierno. Pero, por el otro, que nadie pueda interpretar que se va a aceptar el mantenimiento de la ilegalidad «con trucos» como mecanismo para escapar.

La estrategia cuenta ya con el visto de bueno de Europa, que tan sólo ha solicitado a España que desarrolle su estrategia con un discurso en el que quede claro que el violador permanente de la legalidad es la Generalitat.
Puigdemont, como decían ayer algunos líderes del PP, «tiene la pelota en su tejado».