El letrado de Divalterra avisó de los contratos irregulares y no le hicieron caso

El letrado de Divalterra exigió en febrero que los contratos del socialista Jorge Rodríguez fuesen chequeados. Su petición fue realizada el 12 de febrero de este mismo año 2018. Jorge Cuerda, el letrado de Presidencia firmó su análisis jurídico con su propio nombre y cargo y como Secretario del Consejo de Administración de Divalterra. Y en él negaba la validez de los siete contratos de altos cargos que investiga la justicia como posible vía delictiva y de financiación B del PSOE.

El estudio destacaba varios puntos y todos ellos con fuerte argumentación jurídica. Y es que el letrado aseguró que los contratos firmados en esta empresa por el entonces diputado, alcalde y alto cargo socialista Jorge Rodríguez debían pasar al control del Consejo de Administración.

El letrado señaló que los contratos debían “afectar a áreas funcionales de indiscutible importancia para la vida de la empresa, han de estar referidas normalmente a la íntegra actividad de la misma o a aspectos trascendentales de sus objetivos, con dimensión territorial plena o referida a zonas o centros de trabajo nucleares para dicha actividad”. Un requisito que no se daba en el caso de los siete contratos de alta dirección investigados ahora por la Justicia.

El informe jurídico añadió que “al alto cargo […] ha de gozar de autonomía, asumiendo la responsabilidad correspondiente, autonomía que sólo puede quedar limitada por las instrucciones impartidas por quien asume la titularidad de la empresa […]”. Otro requisito que tampoco se daba en esta caso.

Por último señaló su informe que “el artículo 8 de los Estatutos de la Sociedad establece que la dirección y administración de la sociedad corresponde a la Junta General y el Consejo de Administración” y “por tanto, los directores de área o pueden depender jerárquicamente de ningún otro directivo”. Una exigencia que, una vez más, no cuadraba en los nombramientos de Rodríguez.

Por todo ello, el informe del letrado no dudó en señalar que “el nombramiento y separación del personal directivo” debían ser controlados por los órganos sociales habilitados para ello, función que “corresponde al Consejo de Administración (art. 21 letra n de los Estatutos”.
Y nada de ello fue respetado por Rodríguez.

Informes alertaron de irregularidades

Hay que recordar que, en total, hasta 13 informes alertaron de irregularidades y fueron ocultados a este mismo Consejo de Administración -como ha publicado OKDIARIO-.

Y que, además, las denuncias venían de lejos: de 2016 para ser más exactos. Pero la Fiscalía archivó en ese mismo 2016 una denuncia similar a la que ha provocado ahora la detención del presidente de Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez. Fue el 30 de noviembre de 2016 -tal y como ha publicado OKDIARIO con los documentos en su poder-.

Esa denuncia, además, fue ampliada el 29 de diciembre. Y las acusaciones se centraban en los presuntos delitos de administración desleal, prevaricación y malversación de fondos públicos por las prácticas realizadas en la empresa pública Divalterra. En esa denuncia se mencionaba ya al propio Jorge Rodríguez. Pero la Fiscalía decidido archivarla en todo un tiempo récord: 48 horas.

El PP de la Diputación de Valencia lleva, de hecho, tres años denunciando las irregularidades en Divalterra. Fue el primer partido en denunciar lo ocurrido y el que más veces ha solicitado información.

Desde aquel año 2016 ha presentado hasta tres denuncias por presunta administración desleal, malversación y prevaricación de caudales públicos en la gestión de la entidad pública, los mismos delitos por los que ahora sí ha sido detenido el Presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez y dos de sus colaboradores.

Hay que recordar que Jorge Rodríguez ha llegado a los cargos de presidente de la Diputación de Valencia, la mayor de las tres diputaciones de la Comunidad Valenciana, portavoz de la Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE de Ximo Puig y Alcalde de Ontinyent, una de las localidades más importantes de esta Comunidad.

La causa, declarada secreta, se abrió por fin por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en mayo de 2018 tras, ya en ese momento sí, la presentación de la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia por irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra, antigua Imelsa, en 2015.