La Imelsa del socialista Rodríguez ocultó 13 informes alertando de contrataciones irregulares

La antigua Imelsa del socialista Jorge Rodríguez ocultó hasta 13 informes alertando de contrataciones irregulares de directivos. La primera medida del que llegara a ser presidente de la Diputación de Valencia, la mayor de las tres diputaciones de la Comunidad Valenciana, portavoz de la Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE de Ximo Puig y Alcalde de Ontinyent, una de las localidades más importantes de la comunidad, no fue inocua.

Rodríguez, decidió que la entonces denominada Imelsa –más tarde Divalterra– pasara de tener un único gerente a dos co-gerentes. Eso sí, nombrados por el PSOE y Compromís. Sus nombres serían Josep Ramón Tiller y Agustina Brines.

En ese mismo consejo de administración se nombró también a dedo y como director de servicios jurídicos y con contrato de alta dirección a José Luis Vera.

Tras estos nombramientos se crearon siete nuevas áreas de alta dirección que fueron ocupadas por personas vinculadas igualmente al PSOE y Compromís.

Un grado de desembarco político que no pasó desapercibido en absoluto. Porque, como hoy publica OKDIARIO con los documentos a los que ha tenido acceso, hasta 13 informe alertaron en diverso grado de las distintas irregularidades que implicaban estas contrataciones. El pequeño problema es que ninguno de esos informes llegó al consejo de administración.

Divalterra había descubierto una verdadera puerta trasera para poder nombrar personal de confianza (personal eventual) sin una justificación real. Y esos nombramientos llevaban aparejada la necesidad de solicitar sus respectivos informes jurídicos.

La solución “legal” que se encontró fue la de nombrar cargos de confianza a través de la figura del personal de alta dirección, argumentando que dicho personal iba a ejercer funciones de dirección en las distintas áreas de la empresa y que, por lo tanto, no estaban sometidos a principio o limitación alguna en cuanto a su nombramiento.

En medio de esa situación fue cuando en la reunión del Consejo de Administración celebrado el 24 de julio de 2015, el entonces Secretario del Consejo de Administración y Secretario General de la Diputación de Valencia, D. Vicente Boquera Matarredona, puso ya de manifiesto la imposibilidad de contratar a personal mediante contratos de alta dirección más allá de la figura del gerente y la co-gerente.

En febrero de 2018 volvió la polémica. Y es que surgió la pretensión de Rodríguez de nombrar de nuevo a dedo al alcalde socialista de Rocafort, Víctor Jiménez, y al nuevo secretario general del PSPV en la comarca de La Hoya de Buñol-Chiva, Lucas Ferrando, con contratos de Alta Dirección en Divalterra.

Fue en ese momento cuando se empezó a descubrir la existencia de 13 informes emitidos sobre la legalidad o ilegalidad de los contratos de alta dirección solicitados por los gerentes. Informes que se habían ocultado hasta entonces a los miembros del Consejo de Administración.

Algunos de esos informes aceptaban que cabía la posibilidad de contratar a personal de alta dirección para ocupar la dirección de las áreas, pero casualmente son informes emitidos por el Jefe de los Servicios Jurídicos y Transparencia de Divalterra, Jose Luís Vera (quien a su vez está contratado, irregularmente, mediante uno de los contratos de alta dirección), y por el Secretario del Consejo de Admistración, Jorge Cuerda, personal por lo tanto nombrado a instancias del presidente de la sociedad y de su absoluta confianza.

La mayoría de los informes –hoy OKDIARIO aporta cuatro de entre esos 13– sí advertían sin tapujos y de manera tajante de la imposibilidad de contratar personal que no iba a ejercer funciones de alta dirección, mediante contratos de alta dirección. Es concluyente por ejemplo el informe emitido por José Cano Larrotcha y fechado el 15 de junio de 2016.

Divalterra ha reconocido formalmente la existencia de 12 informes en la relación entregada a la oposición. Pero existe un décimo tercero, el emitido por el letrado de Presidencia Jorge Cuerda que apenas dos días ante de validar con su informe las últimas contrataciones de alta dirección, emitió un informe donde expresaba sus dudas al respecto. Un informe, el número 13, que oficialmente nunca jamás ha llegado a entregarse al Consejo de Administración.

Tras todas estas irregularidades el Grupo Popular presentó en abril de 2018 su denuncia a la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social de Valencia ante la presunta ilegalidad de estos contratos de alta dirección.