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Colau ha adjudicado casi un millón a dedo a empresas amigas desde que es alcaldesa

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La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, declara este viernes ante el Juzgado de Instrucción número 21 de la capital catalana investigada por malversación, prevaricación, fraude, negociaciones prohibidas y tráfico de influencias. La primera edil debe responder ante el juez por las subvenciones no sujetas a concurso que el Ayuntamiento ha concedido en los últimos años a entidades afines a su partido, Barcelona en Comú. Entre ellas, el Observatorio DESC, para el que la propia Colau trabajó antes de dar el salto a la política.

No obstante, estas presuntas irregularidades, denunciadas por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática, no son las únicas que suscitan recelos. Alberto Pichel, quien fuera asesor de Economía del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona, denuncia a OKDIARIO «el beneplácito» Colau con otras entidades para «mantener su red clientelar y comprar el voto». En total, la primera edil repartió 944.053,20 euros a empresas próximas a través de contratos adjudicados a dedo entre los años 2017 y 2020. Así, estos contratos se sumarían a las subvenciones investigadas por el Juzgado de Instrucción número 21 de la Ciudad Condal por los que ha sido imputada Colau.

Entre las entidades beneficiadas se encuentra la Fundación Surt, una entidad de acción social que trabaja «para hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres y para erradicar las discriminaciones por razón de sexo, con la vista puesta en lograr una sociedad con equidad de género efectiva», según explican en su propia página web. El denunciante de estas presuntas irregularidades, Alberto Pichel, asegura a OKDIARIO que la presidenta de esta fundación es Fina Rubio Serrano, quien es «afín al independentismo y a la formación morada». Esta responsable presume en sus redes sociales de apoyar a los golpistas catalanes condenados por el 1-O. Colau otorgó a dedo a esta fundación 84.742 euros de las arcas públicas.

Fotografía en la que aparece Fina Rubio. Esta imagen está incorporada en el 'dossier' elaborado por Alberto Pichel.
Fotografía en la que aparece Fina Rubio. Esta imagen está incorporada en el ‘dossier’ elaborado por Alberto Pichel.

Otra de las beneficiadas, Colectic Scoop recibió 161.205 euros. Se trata de un proyecto cooperativo sin ánimo de lucro que trabaja por la inclusión, la autonomía y el empoderamiento de las personas en las comunidades y en los ámbitos social, laboral y tecnológico. Según el denunciante, «la mayoría de sus directivos son simpatizantes y activistas de la CUP» y, añade, «más del 30% de sus ingresos proceden de ayudas tanto del Ayuntamiento como de la Generalitat».

«Ciudades para no binarios»

La cooperativa Col·lectiu Punt 6 recibió 103.980 euros. Una de sus fundadoras, Blanca Valdivia, manifestó en una entrevista que se encargan de reunir «a arquitectas, sociólogas y urbanistas para diseñar ciudades más igualitarias porque las ciudades no piensan –actualmente– en las mujeres y en las personas no binarias».

Según explica Alberto Pichel, ésta y otras entidades beneficiadas por los contratos menores del Ayuntamiento de Barcelona  «tienen vinculaciones ideológicas flagrantes» con la alcaldesa.

Pero existen otros casos reseñables, advierte Pichel. «Business Strengths y Legal Strengths son dos empresas que antes del 2015 ya recibían importantes volúmenes de contratación, pero que durante el mandato de Colau han incrementado sus ingresos en este sentido. Pero lo pintoresco de estas consultoras es que parece ser que son expertas en hacer absolutamente de todo, porque se les han dado contratos para llevar a cabo trabajos de lo más diversos». Desde asistencia jurídica en materia de animales hasta la búsqueda de fuentes emisoras de olores en Barcelona, señala el ex asesor de Economía del Ayuntamiento de Barcelona.

En Business Strengths, además, trabajó como consultora Marta Castellote actual gestora energética del servicio de equipamiento en el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat, gobernado por En Comú Podem. Esta mercantil recibió de Colau 230.392 euros. Por otro lado, el ayuntamiento podemita otorgó 78.368 euros a la sociedad Legal Strengths. 

 Ecoserveis, cuyo objetivo es «consolidarse como referente en cultura energética y en soluciones energéticas innovadoras para el conjunto de la sociedad» recibió del consistorio podemita 47.698 euros. Completan la lista Broll Societat Coop Catalana con 75.493 euros en contratos a dedo y Dabne Tecnologías de la Información con 28.025 euros, ambas durante los cuatros años analizados.

Observatorio DESC

Por otro lado, más de 65.000 euros ha recibido vía contratos menores Jamgo, una cooperativa tecnológica vinculada al Grupo ECOS. Esta última tiene su sede en la calle Casp 43, un edificio que en su interior alberga toda una infinidad de cooperativas y entidades que, a lo largo del mandato Colau, han recibido numerosas ayudas económicas. En esa dirección precisamente también tiene su sede el Observatorio DESC, la entidad en la que la actual alcaldesa de Barcelona trabajó durante siete años antes de aterrizar en el consistorio. En la sede social Casp 43 también figura Calidoscoop, vinculada al grupo ECOS, una «agencia para la dinamización territorial de la economía social, el emprendimiento y el cooperativismo» regada con 7.078 euros por el ayuntamiento podemita. 

Con respecto a este conglomerado de cooperativas, Alberto Pichel advierte de que, si se tienen en consideración todas las sociedades ligadas al Observatorio DESC, la cifra de dinero público destinado a entidades amigas de Colau vía contratos menores aumentaría considerablemente. «Este conglomerado de asociaciones se están beneficiando del beneplácito de esta señora al mando de la Alcaldía de Barcelona, la cual deriva muchísimos recursos de forma totalmente injustificada», señala, y añade, «la finalidad de todos estos movimientos no es más que mantener su red clientelar y comprar el voto».

Hay que destacar que Colau ha sido citada a declarar ante el Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona en calidad de investigada en próximo 4 de marzo por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas y fraude en la contratación. Las investigaciones apuntan a concesiones realizadas a entidades como Ingenieros Sin Fronteras, Observatorio DESC, Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o Alianza contra la Pobreza Energética entre otros.

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