El CGPJ avala por unanimidad a Peramato como nueva fiscal general del Estado

• Rosalina Moreno @rosalina_mb
• Periodista de Nacional. Interior, Defensa y Justicia. rosalina.moreno@okdiario.com
• • 26/11/2025 12:29
  • Actualizado: 26/11/2025 13:27

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha avalado, por unanimidad, el nombramiento de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado, en sustitución de Álvaro García Ortiz tras su condena a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al que tendrá que indemnizar con 10.000 euros por los daños morales ocasionados.

El órgano de gobierno de los jueces ha celebrado este miércoles un Pleno extraordinario para analizar la propuesta de nombramiento de la fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo para el cargo de fiscal general del Estado aprobada este martes por el Consejo de Ministros. Y concluye que «reúne los méritos y requisitos para ser nombrada» nueva jefa de la Fiscalía.

El CGPJ cumple así el trámite de audiencia establecido en los artículos 124.4 de la Constitución y 560.4 y 599.1.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El artículo 29.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que el fiscal general del Estado será nombrado por el rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial, eligiéndolo entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión.

Ahora, Peramato tendrá que comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para exponer su idoneidad para el cargo, donde será preguntada por todos los grupos parlamentarios, un procedimiento que al igual que el informe del Consejo no es vinculante. Tras ello,  el Gobierno la convertirá oficialmente en la nueva fiscal general, la cuarta mujer que ostentará este cargo tras Consuelo Madrigal.

Como ha informado OKDIARIO, La nueva fiscal de Sánchez defendió la ley de Irene Montero que excarceló violadores: «Tiene cosas buenas». Y minimizó los efectos de dicha ley: «En 1995 se cambió el Código Penal, hubo rebajas y normalidad».

Peramato era una de las candidatas que, como adelantó OKDIARIO, se barajaban a sugerencia del propio Álvaro García Ortiz.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca, Peramato ingresó en la Carrera Fiscal en 1990. Tras su paso por las Fiscalías de Tenerife, Valladolid y Barcelona, se incorporó a la Fiscalía Provincial de Madrid, destino en el que, en 2005, fue nombrada fiscal delegada para la Sección de Violencia Sobre la Mujer.

En 2010 fue nombrada fiscal adscrita a la fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, en 2018 pasó a ocupar el cargo de fiscal adscrita a la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, en 2021 fue promovida a la categoría de fiscal de Sala y nombrada Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer y el pasado mes de enero fue nombrada fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Entre junio de 2019 y octubre de 2021 fue presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación que también presidió García Ortiz entre mayo de 3013 y junio de 2017.

A García Ortiz no lo consideró idóneo

El informe del Consejo siempre ha sido favorable al aspirante designado por el Ejecutivo, salvo con García Ortiz. En este caso, dio su visto bueno cuando fue propuesto para el cargo en julio de 2022 -con 12 votos a favor y siete en contra-, pero no para renovar en el mismo en diciembre de 2023: entonces lo declaró «no idóneo», siendo esa la primera vez que el órgano de gobierno de los jueces rechazaba al candidato propuesto por el Gobierno.

El CGPJ se opuso a la continuidad de García Ortiz en el puesto basándose en otra sentencia del Supremo que falló que había incurrido en «desviación de poder» por ascender a su predecesora, Dolores Delgado, a la máxima categoría de la Carrera Fiscal.

En aquella ocasión, el Consejo se apoyó también en lo que entendió como una política de nombramientos discrecionales con la que García Ortiz había favorecido a los miembros de su antigua asociación, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), por imponer criterios erróneos, como con la ley del solo sí es sí; y por su «inactividad» ante las acusaciones de lawfare contra los fiscales del procés.