La Fiscalía ampliará la querella por sedición contra Trapero e imputará a otros mandos de los Mossos

Trapero
Josep Lluís Trapero a la salida de la Audiencia Nacional. (Foto: Francisco Toledo)
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La Fiscalía ampliará la querella por sedición contra el exmayor de los Mossos D’Esquadra Josep Lluís Trapero y pedirá nuevas imputaciones en la causa donde se investiga la “inoperancia” de la Policía autonómica catalana.

El Tribunal Supremo asumía este viernes la causa por rebelión, sedición y malversación contra el expresidente catalán Carles Puigdemont, los miembros cesados de su Govern y los presidentes de las entidades separatistas, ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Sólo dejaba en manos de la Audiencia Nacional la causa por sedición contra Trapero y la intendente de los Mossos, Teresa Laplana.

El instructor de la Sala Segunda del Supremo, Pablo Llarena, adoptaba esta decisión en contra del criterio de la Fiscalía, partidaria de no mover la causa hasta la celebración de las autonómicas catalanas del 21 de diciembre. También difería con la tesis de la hasta ahora instructora de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, que apostaba por una “inhibición total” en su informe trasladado al Supremo.

Una vez que la causa contra Trapero y los Mossos ha quedado definitivamente en manos de la Audiencia, el siguiente paso del Ministerio Público pasa por ampliar la querella presentada inicialmente, que se refería a los disturbios sucedidos el 20 y el 21 de septiembre en Cataluña. En esas fechas, se produjeron diferentes algaradas callejeras durante la denominada ‘Operación Anubis’ contra altos cargos de la Generalitat relacionados con la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre.

La Fiscalía ampliará los hechos investigados desde el 20 de septiembre hasta el 1-O. En este periodo de tiempo, los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil fueron acosados por miles de personas ante la “inoperancia” de los Mossos D’Esquadra. Dicho acoso también fue sufrido por funcionarios judiciales.

Una vez se presente la ampliación de la querella, cuya fecha está pendiente hasta resolver el traspaso de poderes entre la Audiencia y el Supremo de la causa contra el Govern y ‘los Jordis’, el Ministerio Fiscal solicitará previsiblemente a la juez Carmen Lamela nuevas imputaciones.

Las nuevas citaciones en calidad de investigados podrían afectar a mandos de los Mossos y a responsables de las Consejerías catalanas, cuyo rango jerárquico esté por debajo de los exconsellers encarcelados.

Mossos
Mossos se encaran con la Policía Nacional el 1-O

Los Mossos “espiaron” a la Policía

En el informe elaborado por la juez Carmen Lamela remitido al instructor del Tribunal Supremo este miércoles, la magistrada destacaba que “cobra especial relevancia el papel desempeñado por los Mossos D’Esquadra para asegurar el éxito del proceso hacia la declaración de independencia impulsada por los investigados”.

Resultaba esencial contar con la capacidad investigadora e intimidatoria de los Mossos d’Esquadra, cuerpo policial integrado por más de 17.000 efectivos armados, con el potencial efecto coercitivo que los mismos representaban” añadía.

La magistrada señalaba a su vez que se ha producido una utilización ilegal de los Mossos al servicio de los intereses secesionistas, tanto en los actos sediciosos como en la celebración del referéndum ilegal. Igualmente, “en la realización de actuaciones de espionaje a los miembros  de la Policía y Guardia Civil y acciones de vigilancia y contravigilancia a miembros de la organización que eran seguidos y vigilados en el curso de las investigaciones judiciales”.

En su informe, Lamela también apuntaba que todas las actividades llevadas a cabo por los investigados, la planificación, organización y convocatoria del referéndum ilegal del 1 de octubre fueron, según la juez, al menos parcialmente financiadas con fondos públicos. Pese al veto del Tribunal Constitucional, el Govern hizo posible la realización de pagos para llevar a cabo un acto contrario a Derecho, al haber empleado fondos públicos para la consumación de un acto delictivo.

“El hecho de que la Intervención General de la Generalitat haya certificado que solo una pequeña cantidad de tal partida presupuestaria ha sido oficialmente utilizada, no excluye que se haya sufragado el referéndum con dinero público no destinado a estos fines, como lo atestigua la actuación de la consellera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, Dª Meritxell Borrás i Solé,quien decidió adoptar las medidas encaminadas a obtener los medios con que poder celebrar el referéndum” finalizaba la juez.

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