El PSC quiere un Poder Judicial catalán que decidiría si los golpistas cumplen cárcel o no

Los socialistas en Cataluña acaban de reivindicar la Declaración de Barcelona como eje de su programa. En ese documento figura el «reconocimiento de las aspiraciones nacionales catalanas», como ayer adelantó OKDIARIO. Pero también aparece una cesión al separatismo de gran calado: en el texto se defiende abiertamente la creación de un «Consejo de Justicia de Catalunya». Un órgano que funcionaría fuera del ámbito de control del Consejo General del Poder Judicial nacional y que, por lo tanto, tendría la última palabra en los ascensos, promociones y gobierno de la Justicia en Cataluña.

Este órgano, por lo tanto, podría decidir sobre la composición del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que, a su vez, y fortalecido por ese nuevo Consejo de Justicia de Catalunya, podría acabar reclamando el caso de los golpistas en caso de una hipotética reapertura y acabar decidiendo en esa corte, y, por lo tanto, con los jueces seleccionados por ellos, el futuro de los acusados de los delitos de rebelión, sedición y malversación.

El texto reivindicado por los socialistas de Miquel Iceta afirma literalmente que «como constató la Sentencia del Tribunal Constitucional, existen cuestiones en el Estatuto de Autonomía de Catalunya que fueron declaradas inconstitucionales más por cuestiones legales de forma que de fondo», según el PSC. En consecuencia, afirma el documento tomado como bandera por ellos, «en este ámbito existe margen de actuación para impulsar un desarrollo normativo –que incluye la reforma de normas de ámbito estatal ya existentes o, en su caso, la aprobación de algunas nuevas– que profundicen en el autogobierno de Catalunya». Tras esas afirmaciones, los socialistas aseguran que «en este sentido, vamos a impulsar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, incorporando las previsiones sobre el Consejo de Justicia de Catalunya y configurándolo como una instancia desconcentrada del propio Consejo General del Poder Judicial».

Traducido: crear un gobierno de los jueces en Cataluña ajeno al nacional. O, lo que es lo mismo, establecer las bases para que la Justicia española se separe en trato, jueces, jurisprudencia, etc. de la de una parte de España, que es Cataluña.

La petición coincide al cien por cien con una de las grandes batallas pérdidas del Estatuto de Cataluña que fue eliminada, de hecho, por el Tribunal Constitucional y borrada del texto propuesto por el tripartido -en el que ya se encontraba ERC-.

La reforma no sólo supondría una profunda brecha en la igualdad de Justicia dentro de todo el territorio español. Además, en estos momentos, implicaría permitir que ese nuevo Consejo catalán diseñase a su gusto el Tribunal Superior de Cataluña. Un Tribunal que, en caso de que se aportasen nuevas pruebas sobre los golpistas incluso tras haberse juzgado el caso por el Tribunal Supremo, no sería extraño que reivindicase la competencia para evaluarlo y reabrirlo, provocando un profundo conflicto con el Tribunal Supremo. Un conflicto que, en caso de que el Gobierno central no quisiera poner pie en pared, podría acabar dando la última palabra para revisar el tratamiento penal a los golpistas a ese tribunal catalán rediseñado por ese Consejo que hoy defienden los socialistas catalanes.