Cataluña: punto de no retorno

Ya está. Se consumó. Tres décadas de tranquilo pero continuo desafío nacionalista transmutado en independentismo por obra y gracias de los pactos de Estado coyunturales han devenido en sorpasso democrático a las instituciones de todos. Puigdemont, alter ego de Mas, como este lo fue de Pujol, el páter en la sombra, dejó en su investidura frases para esta microhistoria de la vergüenza en la que se ha convertido la política catalana:

Apelando a la ruptura como único elemento legitimador de su pensamiento, haciendo oídos sordos a lo que dictaminaron las urnas el pasado 27 de septiembre, el nuevo presidente, representando un nuevo acto de la tragicomedia del esperpento que el nacionalismo burgués y antisistema ha protagonizado en las últimas semanas, avanzó que estamos en un momento de «post-autonomía y pre-independencia». Conceptos que el independentismo ha sabido manejar en los últimos tiempos, sin la contrarréplica necesaria por parte de quienes respetan el resultado de las urnas (reales, no inventadas) y el marco jurídico vigente. El mensaje como constructor de espejos cóncavos en los que la historia se reinventa, se retuerce y se fundamenta en pos de una causa (perdida o no).

De los discursos, sobresalieron, por diferentes, al margen del de Puigdemont, el de la líder de la oposición, Inés Arrimadas, solvente, contundente y con frases ingeniosas («hoy asistimos a la investidura del señor más: el señor más de lo mismo») aunque menos argumentativa que Iceta, el jefe del PSC, quien diseñó un discurso pausado y de fondo con repetición de anáforas («No a la investidura, no a la independencia»). Ambos partidos, Ciudadanos y PSC, más PP, enaborlaron la bandera de la sensatez y la legalidad frente a la repetición del frentismo que hace ocho décadas llevó a la revolución de octubre en nuestro país, frontispicio de una serie hostilidades que desencadenarían dos años después en la célebre contienda fratricida, que, aún hoy, muchos explotan y recuerdan, no para cerrar heridas, sino para seguir supurando pus ideológica.

Tras Arrimadas e Iceta, y un Albiol muy directo: «Cataluña seguirá siendo España», le tocaba a Rajoy ser más claro que nunca: Y en su intervención convenció desde la firmeza del cargo que representa (ya veremos por cuánto tiempo) y el necesario y lógico apoyo de Sánchez y Rivera. Estas fueron algunas de sus frases más destacadas:

– «La mayoría de la sociedad española está unida frente al secesionismo».
– «El Estado funciona siempre con la misma fortaleza, aunque el Gobierno esté en funciones».
– «No me faltará firmeza y determinación para defender la unidad de España y el proyecto común».
– «He dado instrucciones para que cualquier actuación que pueda adoptarse y suponga la vulneración de la ley tenga la respuesta del Estado de Derecho».

Tras analizar dichas afirmaciones, presidenciables y con la fortaleza que se le presuponen al cargo que ostenta, me vienen algunas preguntas: ¿Por qué se ha dejado enquistar el tema catalán hasta el punto de no retorno? ¿Por qué esa determinación no se ha ejercido antes para evitar la violación sistemática de las leyes de un subordinado del Estado? ¿Por qué ese rechazo por explicar en Cataluña (allí, in situ) a los ciudadanos, nacionalistas o no, la alternativas existentes a la desastrosa deriva de una ruptura unilateral?

Interrogantes que explican un contexto particular en la historia reciente de España. Una autonomía rebelde, unos mecanismos políticos de dudosa legitimidad pero útil aplicación, una propaganda efectiva al servicio de unos intereses personales, medios afines a la causa y un trabajado plan social y educativo cuyos «beneficios» se empiezan a obtener ahora.

Ese punto de no retorno al que se ha llegado con Cataluña exige dos salidas: o la real y definitiva aplicación de la ley frente a la insubordinación, donde los hechos empiecen a imponerse a las palabras, discursos y retórica, o la celebración de un referéndum vinculante cuya principal condición al secesionismo sería: «Si perdéis, abandonad toda esperanza de volver a intentarlo». Como intuyo que la segunda opción es poco viable, solo queda apelar a que la primera no sea vista como una amenaza por los apóstoles del diálogo a toda costa y sí como la normal respuesta democrática de todo Estado de Derecho.