Puigdemont usará el fin de la sedición para defender su inmunidad ante la Justicia europea

Pese a criticar en público el acuerdo entre el Gobierno y ERC para derogar la sedición, Carles Puigdemont hará uso de él para beneficiarse en los tribunales europeos. La defensa del ex president catalán sacará a relucir el anuncio de Pedro Sánchez de cargarse este delito del Código Penal español en la vista que tiene programada el 25 de noviembre ante el Tribunal de Garantías de la Unión Europea. Ese día, en Luxemburgo se tiene que resolver de manera definitiva si cuenta o no con inmunidad parlamentaria. De ello dependerá su extradición a España que, en el caso de negarle la inmunidad, podría ser inmediata.

Pero la defensa del político separatista cuenta ahora con un nuevo aliado: Pedro Sánchez. Fuentes cercanas a Puigdemont explican a OKDIARIO que «si de forma inminente este delito desaparecerá, no tiene sentido alguno que se pueda extraditar a una persona reclamada por unos hechos que no estarán tipificados en el Código Penal en el momento del juicio». Y es que, lejos de la reforma del delito o la rebaja de las penas, como había planteado inicialmente el Gobierno, Moncloa ha acabado cediendo a ERC con sustitución del tipo delictivo.

Carles Puigdemont, como Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Marta Rovira, están reclamados por el Tribunal Supremo por haber cometido, supuestamente, un delito de sedición y otro de malversación de caudales públicos. Con la eliminación que plantea ahora el Ejecutivo, convirtiendo la sedición en un delito de desórdenes públicos agravados, la petición en curso del alto tribunal español a Bélgica e Italia, donde Puigdemont tiene sendos procesos abiertos, dejaría de tener efectos respecto al delito más grave.

El ex president de la Generalitat y eurodiputado de Junts per Catalunya será uno de los grandes beneficiados de la medida que el Gobierno prevé aprobar antes de acabar el año. Su paso por la cárcel, en caso de ser condenado, sería prácticamente testimonial. Lo mismo ocurre con la número dos de ERC Marta Rovira, en cuyo caso, además, sin cargos por la supuesta malversación de fondos públicos. La batalla, de hecho, se libra ahora en una reforma de este último delito como exige ERC que permita la libertad inmediata de todos los fugados en territorio nacional.

Moncloa ya ha abierto la puerta a reformar también el uso fraudulento de los dineros públicos. Siempre que de la comisión del hecho delictivo no salga beneficiado el que lo comete. Una modificación que en este caso beneficiaría directamente a Puigdemont y Oriol Junqueras de cara a poder ser candidato en unas futuras elecciones autonómicas catalanas, previstas para 2024. Además, de acometer esta reforma, también se vería beneficiado otro político. En este caso del PSOE. Si el Gobierno rebaja las penas por la malversación el ex presidente andaluz José Antonio Griñán se podría librar de la cárcel por los ERE.