Begoña Gómez planta al juez Peinado y no acude a la citación por malversación

Begoña Gómez no ha acudido a la citación ante el juez Juan Carlos Peinado para que le concrete su imputación en el caso sobre malversación por la contratación de la asesora de La Moncloa, Cristina Álvarez. La asistente y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, tampoco han comparecido ante el juez. En su lugar, han asistido a la cita sus representantes legales.

La mujer de Pedro Sánchez estaba citada este sábado, a las 18.00 horas, ante el juez Juan Carlos Peinado para ser informada de que, en caso de que vaya a juicio por presunta malversación en el nombramiento de su asesora, será juzgada por un jurado popular, es decir, por ciudadanos y no por un tribunal compuesto por jueces.

Se trataba de la quinta vez que Gómez había sido citada por el juez. Cabe recordar que la mujer del presidente del Gobierno está investigada por cinco delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo y la citada malversación.

Las dos primeras veces, Gómez se acogió a su derecho a guardar silencio; en la tercera y cuarta citación optó por contestar únicamente a las preguntas de su abogado, el ex ministro socialista Antonio Camacho.

Esta vez, el juez la había citado en el marco de la rama del procedimiento en la que investiga si se produjo un desvío de dinero público en la designación de la trabajadora de Moncloa y si ésta desempeñó funciones privadas para la mujer del jefe del Ejecutivo. El delito de malversación es uno de los que, por ley, deben ser juzgados por jurado.

Peinado sostiene que «con las leyes de la lógica y de la empírica» se puede concluir que hay «indicios racionales, fundados y sólidos de la comisión de hechos delictivos».

El juez también aprecia indicios en «los correos electrónicos aportados por el que fuera vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Juan Carlos Doadrio», que se encuentran en sede judicial desde el pasado día 16 de septiembre y que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tendrá que analizar.

También está pendiente que Moncloa aporte a esta pieza separada los correos electrónicos enviados y recibidos por Gómez en su mail corporativo de Presidencia desde julio de 2018 para que los examine la UCO.