El Gobierno reformará la ley para evitar acusaciones como la de Manos Limpias en el caso de Begoña

El Gobierno de Pedro Sánchez quiere reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para limitar la acción de las acusaciones populares como la de Manos Limpias, que está cercando al jefe del Ejecutivo con los casos judiciales abiertos a su esposa, la imputada Begoña Gómez, y su hermano, el director de orquesta David Azagra. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha pedido este jueves en la apertura del año judicial reflexionar sobre el papel de la acción popular que busca «fines espurios». En este punto, el Ejecutivo de PSOE ve con buenos ojos esa posibilidad. «El sistema se ha pervertido. En algunos casos las acusaciones populares no tienen razón de ser, sólo buscan información y darse publicidad», indican fuentes pulsadas.

La hemeroteca constata que el PSOE en numerosas ocasiones se ha posicionado a favor de la tesis que ahora plantea García Ortiz. Lo hizo en los años del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y lo recupera ahora. El equipo de Sánchez desea, además de alterar el papel de las acusaciones populares, quitar la capacidad de investigar los casos a los jueces de instrucción y dar esa función al Ministerio Público, que tiene jerarquía pero no la independencia de la que disfrutan los jueces y magistrados.

El ministro Félix Bolaños detalló en abril a las asociaciones de fiscales que quiere acelerar la tramitación del anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRim) para que precisamente los partidos, sindicatos y administraciones públicas no puedan ejercer la acusación popular en algunas circunstancias. Esta reforma se viene tramitando desde 2011 pero nunca se ha llegado a aprobar.

El plan pasa por delimitar las acusaciones populares en función del bien jurídico a proteger. Cuando se trata de casos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios u otros tipos penales ligados a la corrupción, el propósito es impedir la entrada de entidades no afectadas directamente por los hechos. La Constitución blinda la figura de la acusación popular, «pero permite que se regulen por Ley».

Fuentes jurídicas explican que en otros países no existe la figura de las acusaciones populares. Destacan que muchas veces acusaciones populares, «que las hay de todos los tipos y sabores», entran en los procedimientos sólo para obtener la información y publicarla en los medios. En este sentido, cabe recordar que el PSOE y asociaciones muy vinculadas a ese partido han ejercido de acusación popular en ese marco. Recientemente, junto a Más Madrid, se han personado en el caso de posible fraude fiscal de la pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP). También ejercen un papel muy activo en el caso Kitchen con el interés de erosionar la imagen del PP. En su caso, Vox está personado en el caso Begoña Gómez y en el caso del hermano de Sánchez.

El planteamiento es que «el ejercicio de la acción penal se ha universalizado», «cualquier ciudadano puede ejercer la acción popular» y esta posibilidad, creen, debería estar limitada al Estado. En su discurso, García Ortiz ha alertado de que «un sistema que permite el acceso directo a 50 millones de ciudadanos ante el Tribunal Supremo no es un sistema sostenible, ni eficiente, ni parangonable en el entorno europeo», debido al «riesgo de colapso del propio tribunal y del resto de tribunales».

Reacción de Manos Limpias

Por su parte, Manos Limpias no ha tardado en reaccionar. Ha elaborado una nota de prensa en la que carga contra García Ortiz por poner sobre la mesa la posibilidad de frenar su papel en los casos mediáticos de los últimos meses. «Un fiscal reprobado incluso por sus propios compañeros, con un nombramiento ilegal e investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Tribunal Supremo, carece de legitimidad para denunciar a las acusaciones populares», esgrimen desde el entorno de Miguel Bernad.

«Nos encontramos ante un fiscal general, sectario, politizado y dependiente de las instrucciones del presidente del Gobierno y que no cumple con el mandato constitucional del artículo 124 de la Constitución Española», que habla de que el Ministerio Público ha de actuar sujeto a los principios de «legalidad e imparcialidad». «Manos Limpias confía que el proceso penal por el que está siendo investigado, le inhabilite en su función y de esa manera se frenará el daño a nuestro sistema democrático y al estado de derecho», zanja el sindicato de funcionarios que ha llevado al banquillo de los imputados a Begoña Gómez.

«Fuentes fiables»

Por otro lado, García Ortiz también ha centrado su discurso en la defensa de la «información veraz» procedente de «fuentes fiables». El fiscal general está cerca de ser imputado por revelación de secretos en el caso del novio de Ayuso. En ese contexto, ha reivindicado que la Fiscalía debe «informar sobre todos aquellos asuntos de relevancia social» siempre «con pleno respeto a los derechos que pudieran verse afectados, tanto de implicados como de terceros».

García Ortiz lamenta que, «en ocasiones, y respecto de un mismo hecho considerado noticiable, se informa desde perspectivas no solo distintas sino total e interesadamente contradictorias, sin que el contraste de la veracidad de los datos parezca ser un extremo relevante ni para el que la transmite, ni para los que la reciben». Desde su punto de vista, «se ha naturalizado en los medios y en la sociedad en general la convivencia con la desinformación, y por ende con un elemento que, sin duda, puede socavar nuestra estructura de valores democráticos». En todo caso, el fiscal general se encuentra «muy tranquilo» ante las dos causas del Supremo que penden sobre él.