España
'CASO GARCÍA ORTIZ'

Ayuso señala a Sánchez por los hechos que han condenado al fiscal general: «Son propios de una dictadura»

La presidenta de la Comunidad de Madrid valorara la condena impuesta al fiscal general del Estado

García Ortiz tendrá que pagar 10.000 € por los "daños morales" de la filtración

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este viernes contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de haber empleado artimañas propias de un régimen no democrático para perseguirla políticamente. Para Ayuso, su salida en defensa del fiscal general del Estado condenado por el Tribunal Supremo (TS) y sus maniobras para atacar a sus rivales políticos «son hechos propios de una dictadura».

«Nuestra nación se encuentra en el momento más delicado», ha señalado Ayuso, desde que en España se impusiera un sistema democrático. A su juicio, la sociedad española ha llegado ahora a un punto en el que deben elegir entre autocracia o libertad.

«Sólo puede ganar o la autocracia o la libertad», ha esgrimido la presidenta regional. «Si los españoles, voten lo que voten, de toda idea, procedencia y condición, no se unen en defensa de su democracia liberal, de la asunción de que nada ni nadie está por encima de las reglas que nos dimos, la separación de poderes, la convivencia y el Estado de Derecho, la obra de nuestros padres y abuelos estará perdida», ha destacado. Y daño, ha proferido, que ya esta sucediendo y «será irreparable».

Ayuso, que ha instado al Gobierno y sus socios al cese de sus ataques a la separación de poderes. «Deseamos Que España comience a replantearse la idea de una nueva Transición como consecuencia de la maravillosa obra de 1975, y que ahora celebramos todos con el aniversario de la espléndida monarquía española», ha asegurado.

«Todos menos el presidente del Gobierno, claro. Lo que es muy esclarecedor de lo que está pasando», ha señalado la propia Ayuso que este viernes se ha dirigido a la sociedad en una declaración institución sin preguntas a los periodistas y realizada desde la sala de prensa de la sede del Ejecutivo madrileño.

Con todo, Ayuso ha destacado que no haya sido el jefe del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz, quien se haya visto ante la Justicia por la comisión de un delito de revelación de secretos de un particular, como lo ha sido la comunicación de datos fiscales de su pareja, el empresario Alberto González Amador. A su juicio, ha sido el propio presidente del Gobierno «quien se ha sentado en el banquillo de los acusados».

«España no quiso bandos en su momento y tampoco los quiere ahora ahora. En ese siniestro muro que Pedro Sánchez ha levantado entre los españoles, que se quede él solo», ha asegurado Ayuso. «Si quisiera un mínimo a España, lo que debe hacer es asumir de una vez por todas que este juego ha llegado muy lejos. España necesita una nueva etapa de cordura, convivencia, decoro y reputación institucional. Nos va la Nación en ello», ha expresado.

Para la presidenta regional, el país «no se merece un Gobierno que les mienta ni que les parta en dos». Tampoco que «utilice el Poder Judicial, que le pertenece a todos los españoles, para fines políticos». Entre ellos, ha asegurado, «la permanencia en el poder a toda costa».

«Este ataque del aparato del Estado a un ciudadano no puede volver a repetirse. Ni se puede tolerar un día más que se intente poner al Estado a disposición del Gobierno para protegerle de su corrupción. Corrupción no se soluciona con más corrupción», ha esgrimido.

La comparecencia de la líder del Gobierno regional ha llegado un día después después de conocerse la decisión de los magistrados del Supremo de condenar al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros, lo cual, incluye el pago de las costas de la acusación popular. También deberá indemnizar con hasta 10.000 euros a la pareja de Ayuso por los «daños morales» que le causó a su pareja.

Este jueves minutos después de hacerse público el fallo del Supremo, Ayuso destacaba que la decisión de los magistrados daba un duro golpe al líder socialista del Gobierno. A su juicio, una decisión que constaba que sí que se habrían empleado los medios del Estado «para hacer política delinquiendo, y todo a costa de un particular».