La AVT alertó hace 2 años al PP de la ‘reforma Txapote’ que cocinaba Sánchez: «Nos la van a colar»

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 10/10/2024 06:43
  • Actualizado: 10/10/2024 06:43

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) advirtió hace dos años al Partido Popular de la maniobra del Gobierno para reformar la ley y descontar las penas que los etarras habían cumplido en Francia, tal y como precisamente ha ocurrido ahora, con el voto a favor del PP.

La presidenta de la asociación de víctimas, Maite Araluce, fue la encargada de presentar, en una rueda de prensa en febrero de ese año, un informe sobre las consecuencias de la reforma de una Ley Orgánica de 2014 sobre el intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones penales en la Unión Europea. La misma que ahora se modifica con dos enmiendas -registradas por Sumar- que permitirán la salida anticipada de prisión de más de 40 terroristas.

«Con independencia de que la reforma esté o no en la agenda normativa del Gobierno para este año [2022] no tenemos duda de que esta reivindicación está encima de la mesa del Gobierno y de que más tarde o más temprano, nos la van a intentar colar», avisó Araluce. En la rueda de prensa de la AVT estaba presente el diputado del PP, Mateu Istúriz, hijo del magistrado Mateu Cánoves y hermano del teniente de la Guardia Civil Ignacio Mateu Istúriz, asesinados ambos por ETA. El dosier se entregó después a los grupos políticos.

Igual que el tercer grado

Araluce insistió así en los planes del Gobierno para contentar a sus socios proetarras, que se han materializado ahora con una sonora polémica. Y recordó también que esos mismos planes los había confirmado ya el propio Joseba Azkarraga, portavoz de Sare, la plataforma de apoyo a los presos de ETA, quien «en una conversación con un preso afirmaba que las gestiones para ello estaban bastante encaminadas»: «Azkarraga no es un cualquiera, es un mediador con la secretaría general de Instituciones Penitenciarias y el canal de comunicación con los presos de ETA».  Y aseveró: «Ya nos intentaron colar algo similar en mayo del año pasado, cuando el Pleno del Congreso aprobó la ley de protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que lleva aparejada la modificación del Código Penal en varios aspectos, como la ampliación del periodo de seguridad para los permisos de salida y la progresión a tercer grado».

Como recordó Araluce, este proyecto «escondía una artimaña del Gobierno para flexibilizar el acceso al tercer grado a los condenados por terrorismo sin necesidad de cumplir la mitad de la condena, tal y como estaba establecido». «Sin que ningún grupo se percatara de dicha modificación, el texto pasó el primer filtro del Congreso y llegó al Senado». Es decir, lo mismo que ha ocurrido ahora.

Entonces, el Ministerio del Interior desmintió esos avisos de la AVT a través de una carta en la que aclararon que el Gobierno sí tenía previsto acometer una reforma, pero con el objetivo de trasponer una directiva de la UE sobre el intercambio de antecedentes penales, ocultando su intención de satisfacer a sus aliados de Bildu: «Nos mienten y nos engañan como siempre», recriminó la presidenta de la asociación de víctimas.

Sus avisos se han hecho ahora realidad. La modificación es sustancial: las enmiendas suponen la derogación de la disposición adicional única de la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, que impedía a los presos de ETA condenados antes de 2010 descontarse las penas cumplidas en Francia. La reforma fue apoyada por el PP y Vox. «El Gobierno debería haber conseguido que esta transposición se hubiera realizado en tiempo y forma y no dos años después», aplaudió el representante popular en la Comisión de Justicia José Manuel Velasco.

Tras ser aprobado en esa comisión -con el voto de tres diputados del PP y dos de Vox- el texto definitivo enfiló el camino del Pleno del Congreso, donde se votó el 18 de septiembre y se aprobó por unanimidad.