Los auxiliares de la Policía reclaman a Almeida que les devuelva el recorte de 600 euros de Carmena

Ni Manuela Carmena, antes alcaldesa de Madrid,ni José Luis Martínez Almeida, actual regidor, les han hecho caso, a pesar de varias sentencias en contra del Ayuntamiento de Madrid. Los demandantes son 86 auxiliares de Policía Municipal de Madrid que desde hace años reclaman pasar del grupo E al subgrupo C2, el mismo que ocupan sus compañeros policías municipales de Madrid. Los trabajadores municipales, funcionarios de oposición, al igual que sus compañeros que sirven con armas, llevan reclamando la pertenencia al mismo grupo de funcionarios, el subgrupo C2, desde 2018 cuando la alcaldesa era Manuela Carmena. Con la llegada de Martínez Almeida parte de esas 86 familias pensaban que ese histórico desprecio iba a solucionarse, pero nada más lejos de la realidad porque el actual Consistorio Municipal incluso recurre las sentencias de los Juzgados con carácter retroactivo que son favorables a los funcionarios.

El problema está enquistado desde 2018. Poco más de 51.000 euros al año son los que mantienen a 86 funcionarios municipales en el Grupo E del Ayuntamiento de Madrid, un consistorio que maneja 5.066 millones de euros de presupuesto no debería ser un gran problema. Los funcionarios afectados reclaman desde 2018 su pertenencia al Subgrupo C2, donde se cobran entre 50 y 60 euros más al mes en concepto de productividad. Son pocos frente a los seis mil policías de la plantilla municipal, pero su labor es igual de importante para el mantenimiento de las unidades en las que trabajan.

En realidad los 86 funcionarios sólo reclaman la aplicación de la ley, en concreto, la aplicación de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Cuarta, apartado segundo, de la ley 1/2018 de 22 de febrero de coordinación de las Policías Locales de la Comunidad de Madrid: «Los auxiliares de Policía o equivalentes, cualquiera que sea su denominación, que a la entrada en vigor de la presente ley tuviesen la titulación académica correspondiente al subgrupo C2 de clasificación, pasarán a integrarse en el mismo. En caso contrario, permanecerán en su subgrupo de clasificación de origen». Esto afectaba a todos los funcionarios de carrera que forman el cuerpo de auxiliares.

Incluso ya los tribunales de lo Contencioso Administrativo en sus fallos son claros y dan la razón a la reclamación: «debiendo procederse a la recalificación e integración de la plaza de auxiliares de Policía Local del Ayuntamiento de Madrid que ostentan (…) dentro del subgrupo C2 con todos los efectos económicos y administrativos inherentes a tal reconocimiento desde el día uno de abril de 2018». Pero el ayuntamiento madrileño no cumple y recurre ante tribunales superiores. «En una reunión la concejala de Seguridad Inmaculada Sanz nos llegó a decir que cuando un Tribunal nos diese la razón ellos cumplirían, pero evidentemente no ha sido así», se queja Juan Carlos Barchín, delegado del sindicato CSIF en el Consistorio municipal.

Los afectados han llevado su batalla hasta la Asamblea de Madrid donde expusieron su problema y lograron recabar el apoyo de todos los grupos parlamentarios. «No pedimos nada raro, sólo el reconocimiento marcado por ley. El Ayuntamiento dice que no somos la figura que decimos ser, pero lo que seguro que no somos es jardineros, mecánicos, matarifes, ujieres o personal de la limpieza, entre otros, que están en el mismo grupo E donde nos pusieron en 1993», explica a OKDIARIO Juan Carlos Barchín.

En 2018 el Ayuntamiento les pidió un informe legal que les diese la razón y los afectados contrataron entonces a un abogado de reconocido prestigio en asuntos administrativos que elaboró un documento de 31 páginas donde quedaban claras las funciones de estos Auxiliares como por ejemplo la «supervisión de las dotaciones asignadas a los vehículos policiales», «relevo en determinados servicios del compañero policía según necesidades», «realización de relevos en la emisora de la Unidad según necesidades del servicio», «servicio de vallas y señalización policiales para la ordenación del tráfico» o  «control de tareas y asistencia de los penados por orden judicial», entre otras tareas. También trabajan de uniforme y tienen placa similar a la de un Policía. Las diferencias básicas con estos es que no pueden detener, no prestan servicios con armas y no hacen funciones de seguridad ciudadana. Pero el informe cayó al fondo de un cajón.

La historia de los Auxiliares de Policía se remonta al 16 de diciembre de 1950, a otro decreto de 1952 y a un texto articulado parcial de la ley 41/1975 de bases del estatuto de régimen local, luego llegó otro decreto del año 1986, la ley 4/1992 y por fin el decreto 112/1993, que regula sus funciones actuales. Mientras tanto, en 2018 la alcaldesa Manuela Carmena decidió subirle el sueldo a los policías municipales, excepto a estas 86 personas, que perdieron así unos 600 euros anuales y desde entonces arrastran este déficit en sus nóminas. Más allá de las cuestiones económicas el reconocimiento al subgrupo C2 implicaría que sus funciones estarían mucho más definidas y no en el limbo donde están ahora. 86 familias siguen esperando que se aplique la Ley.