La Audiencia procesa a López Madrid por contratar a Villarejo para acosar a la doctora Pinto

El empresario Javier López Madrid tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados para responder por la contratación del comisario José Manuel Villarejo para hostigar a la doctora Elisa Pinto. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso del consejero delegado del Grupo Villar Mir contra la resolución del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García-Castellón, que determinó que existen los indicios suficientes para juzgarlo por un presunto delito de cohecho activo.

La Sala de lo Penal avala de este modo la decisión del juez instructor, que el pasado mes de julio acordó procesar al empresario, así como a Villarejo y a su socio, Rafael Redondo.»Existiendo cuanto menos indicios de la posible comisión de un delito, (…) la decisión recurrida, por la que se acuerda la incoación de dicho procedimiento, resulta acertada y correcta», señalan los magistrados. Además, recuerdan que, «existiendo una tesis acusatoria plausible, debe permitirse a la parte o partes que la sostienen la clausura de la fase de instrucción o investigación judicial y la consecuente posibilidad de la celebración del acto del juicio».

Además, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sostiene que «lo que no puede pretender con éxito una parte investigada es imponer el sobreseimiento o la continuación de la fase de instrucción, mediante la práctica de nuevas diligencias de investigación, al instructor, en contra del criterio de éste», subrayan. La Sala se expresa de este modo porque López Madrid pidió en su recurso que se archivara la causa para él, argumentando que «no existe indicio alguno de delito» en su contra, pero de forma subsidiaria interesó que se siguiera investigando para determinar en qué consistió la presunta encomienda a Villarejo, aduciendo que «no todo encargo a un funcionario público se alza como cohecho».

Acoso a la doctora Pinto 

El procesamiento de López Madrid versa sobre la presunta contratación del comisario Villarejo en septiembre de 2013 para hostigar a la doctora Pinto.  Según el auto de pase a procedimiento abreviado de la pieza 24 de la causa Tándem, primero la habrían advertido en persona, para pasar después a seguimientos e incluso a interferir en la investigación policial.

En concreto, entre las actuaciones que se describen en el auto, el juez incluye seguimientos a la doctora Pinto, así como la utilización de medios policiales con el fin de desacreditar a la médico, una vez ésta denunció al empresario.

A este respecto, el titular del Juzgado central de Instrucción 6 apunta la relación de López Madrid con distintos policías durante la investigación de los hechos que denunció María Elisa Pinto. En concreto, dice, Villarejo presentó a López Madrid al comisario Enrique García Castaño. Además, añade que el empresario tuvo una estrecha relación con el inspector de Policía que instruyó la denuncia de la doctora Pinto. Este agente «envió varios correos electrónicos comunicándole el estado de la investigación y recibiendo instrucciones», señala.

Conflicto personal

Sin embargo, esta pieza separada hunde sus raíces en un conflicto personal entre López Madrid y Pinto que ha dado lugar a acusaciones cruzadas en los juzgados de instrucción de Madrid. En 2020, la titular del Juzgado de Instrucción Número 39 de Madrid, Belén Sánchez, propuso juzgar a López Madrid por delitos de acoso y amenazas -al que después ha sumado un delito de lesiones-, y a Villarejo por las heridas provocadas con «instrumento peligroso» a Pinto.

De acuerdo con la querella formulada por la doctora, en abril de 2014 fue atacada con un objeto punzante cuando bajaba del coche con uno de sus hijos, de 10 años. «López Madrid quiere que cierres la boca», le habría dicho el agresor antes de irse. En 2017, reconoció a Villarejo como el atacante.

Por otro lado, el Juzgado de Instrucción 26 investiga presuntos delitos contra la integridad moral y de amenazas sufridos por López Madrid, que ha instado a abrir juicio contra Pinto por las cientos de llamadas que entre 2013 y 2014 habrían recibido él y su entorno. La doctora, en cambio, ha pedido el archivo.