La Audiencia Nacional para los pies a Marlaska y defiende a Tardón: «Actúa en defensa del interés general»

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha respaldado este viernes a la magistrada María Tardón Olmos, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, frente a las críticas vertidas por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una carta remitida a la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló Domenech.

El órgano ha asegurado que la juez «no sólo no ha interferido en la seguridad nacional» con su instrucción sobre la invasión de Ceuta, sino que «está actuando para la preservación y defensa del interés general de España».

El conflicto ha salido a la luz este jueves cuando la Sala de Gobierno ha tenido conocimiento del envío de esa misiva. En ella, el ministro reprochaba a la magistrada no haber trasladado a los responsables políticos la información remitida por el Cuerpo Nacional de Policía en un informe solicitado dentro de la instrucción penal.

La causa investiga el fallecimiento de un número de personas que, según recoge el propio acuerdo, «se sitúa en torno a los ciento cuarenta», tras la entrada masiva e irregular de migrantes en la Ciudad Autónoma de Ceuta los días 30 y 31 de julio de 2026.

Independencia judicial

Según el documento remitido por Grande-Marlaska, esa información resultaba «de gran interés para su departamento y para que el Gobierno ejerza con el mayor acierto sus funciones constitucionales de dirección de la política interior y exterior y defensa del Estado». La Sala de Gobierno ha evitado pronunciarse sobre el fondo de esa afirmación, aunque ha optado por recordar el marco normativo que regula la dependencia funcional de la Policía Judicial.

El órgano de gobierno de la Audiencia Nacional ha citado expresamente el Real Decreto de 1987 que establece que las unidades de Policía Judicial «dependen funcionalmente de los Jueces, Tribunales o miembros del Ministerio Fiscal que estén conociendo del asunto objeto de su investigación».

Añaden también otro artículo de la misma norma, que obliga a los agentes a «guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas».

La Sala de Gobierno ha ido más allá y ha situado ese deber de reserva en un marco constitucional más amplio. Ha recordado que la Carta Magna dispone que «la policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente». A juicio del órgano, este precepto constituye, en último término, «una garantía de la independencia de los miembros del Poder Judicial en el ejercicio de sus funciones».

Respaldo del CGPJ

El acuerdo también ha dejado constancia del agradecimiento de la Sala de Gobierno hacia la presidenta Isabel Perelló por su respuesta «en defensa de la independencia judicial y, en particular, de la magistrada de esta Audiencia Nacional». El texto ha exigido, además, «el máximo respeto» hacia la juez «por parte de las autoridades políticas».

Este pronunciamiento se enmarca en la instrucción que Tardón lleva desarrollando desde el pasado mes de julio para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido la avalancha de personas en el perímetro fronterizo ceutí, un episodio que ha dejado un elevado número de víctimas mortales aún sin determinar con exactitud. La investigación se apoya en los informes policiales elaborados por el Cuerpo Nacional de Policía, cuyo contenido es el que ha originado la controversia con el Ministerio del Interior.

El malestar del departamento dirigido por Grande-Marlaska ha dimanado, según se desprende de la propia carta citada en el acuerdo, de la consideración de que ciertos datos recabados por la Policía debían haber sido puestos en conocimiento del Gobierno antes de quedar incorporados exclusivamente al procedimiento judicial. La Audiencia Nacional ha rechazado de forma implícita esa interpretación al insistir en que la dependencia funcional de los agentes durante una investigación penal corresponde en exclusiva a la autoridad judicial o fiscal que la dirige.

Las normas citadas en vigor configuran desde hace casi cuatro décadas con éxito el reparto de funciones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial en materia de investigación criminal.

El pulso entre el Gobierno y la magistratura por el caso Ceuta llega en un momento de máxima sensibilidad, con la cifra de fallecidos todavía sin cerrar y la instrucción en una fase decisiva para determinar responsabilidades. La Sala de Gobierno ha dejado claro que no permitirá que la actuación jurisdiccional de sus miembros quede sometida a un cariz político que, a su entender, es ajeno a las garantías constitucionales.

Lo ocurrido esta semana entre Interior y la Audiencia Nacional no es un simple choque protocolario: es la enésima muestra de que, cuando la investigación de una tragedia con más de un centenar de muertos roza los despachos ministeriales, la frontera entre la política y la justicia se vuelve, una vez más, el terreno más disputado del Estado.