Así instruye el PSOE a los nacionalizados del exilio: «Esperamos volver a la participación que teníamos»

Alrededor de 2,3 millones de personas han solicitado la nacionalidad española a través de la llamada Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022 gracias al apoyo de Bildu. De ellos, a medio millón ya se les ha concedido el derecho a la nacionalidad. Desde que se aprobó esta norma, el Partido Socialista ha llevado a cabo una intensa actividad en el exterior, manteniendo reuniones con emigrados para informarles de los trámites de nacionalización e instarles a participar en los procesos electorales. Unos días antes de las generales de 2023, la entonces secretaria de Estado de Cooperación -y actual secretaria de Estado de Migraciones-, Pilar Cancela, participó en un multitudinario encuentro promovido por el PSOE en República Dominicana. La dirigente socialista no ocultó el objetivo de aumentar la participación electoral de los nuevos nacionalizados.

«En las municipales no podéis votar, pero sí en las autonómicas. Y esperamos que cuando sean las generales podamos volver a los porcentajes que en su momento teníamos y si los superamos muchísimo mejor. Significará que hay ganas de participar políticamente», destacó la que era también por entonces secretaria del área de Políticas Migratorias y PSOE del Exterior, en un vídeo difundido a través del canal La Batalla Informativa de República Dominicana. 

El voto de los españoles en el exterior, voto CERA, resulta en muchas ocasiones fundamental para decantar el reparto de escaños. El PSOE ha ganado este voto en los tres últimos procesos electorales -los comicios autonómicos en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

La participación electoral de los nacionalizados se desplomó tras la reforma de la ley electoral de 2011, que impuso el voto rogado. Partiendo de cifras superiores al 35% se pasó a porcentajes por debajo del 5%. En 2022, el Congreso aprobó su supresión. Aún así, la movilización es escasa.

Alterar el censo electoral

Desde el Partido Popular se viene advirtiendo que con esta ley, además de la regularización masiva prevista para los próximos meses, el Gobierno está tratando de alterar el censo electoral. Núñez Feijóo ha avisado a Sánchez que «no tiene derecho a incrementar el censo de los españoles con la Ley de Nietos en más de dos millones de personas y con la regularización de más de 800.000 personas». Y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha alertado de un intento de «pucherazo» por parte del presidente socialista.

En una entrevista publicada la semana pasada en OKDIARIO, Ayuso afirmó que «las nacionalizaciones masivas son el nuevo pucherazo de Sánchez para mantenerse en el poder» y señaló a Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, «que está detrás».

«Estamos detectando que el censo de Madrid está duplicándose con respecto al resto de España. ¿Por qué? Porque a través de Bolaños y su ministerio lo que se hace es que, de manera automática, cuando tú te quieres nacionalizar y eliges circunscripción, el sistema te da por defecto Madrid, o ellos te condicionan y te recomiendan Madrid. Esto, además de reventarnos los servicios públicos, condiciona el voto y el porcentaje de votantes porque amplía los censos», observó Ayuso.

Según los datos que manejan en Sol, el proceso de nacionalizaciones, una vez se culmine, daría el derecho a al menos 400.000 personas en Madrid.

Según ha estimado el gobierno regional, con que sólo votaran 20.000 de esos nuevos nacionalizados, ya se movería un escaño. Y si vota la mitad, decidirían hasta diez.

«Las elecciones de 2023 se basaron en la compra nacionalista de la voluntad del pueblo de Cataluña. También jugaron con el desincentivo del voto por correo. Y pienso que ahora pueden estar haciendo lo mismo con las regularizaciones y las nacionalizaciones masivas», señaló Ayuso en este periódico.

La presidenta de la Comunidad de Madrid llama la atención sobre el hecho de que el Gobierno siga adelante con la regularización masiva «con gran prisa y sin ningún rigor, algo que, además de reventar los servicios públicos, podría alterar el censo electoral».

La conocida como Ley de Memoria Democrática, o Ley de Nietos —que fue aprobada en 2022 gracias al apoyo de Bildu—, establece dos vías para acceder a la nacionalidad española: una, que beneficia a los hijos y nietos de los exiliados y víctimas de la dictadura franquista, lo que incluye a quienes dejaron España «por causas políticas, ideológicas o incluso de orientación sexual». También se beneficia a los descendientes de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad al casarse con extranjeros antes de 1978. Además, la ley considera automáticamente exiliados a quienes emigraron entre 1936 y 1955.

A falta de datos definitivos, se sabe que más de un millón de descendientes de exiliados o emigrantes han tramitado ya su solicitud para obtener la nacionalidad en virtud de esta ley, aprobada gracias al apoyo de Bildu.

Además, alrededor de 1,3 millones han solicitado cita para iniciar el procedimiento, que aún no se ha completado por los retrasos burocráticos. El plazo para presentar esas solicitudes se cerró el pasado 22 de octubre. El último dato actualizado de nacionalizados por esta vía ascendía a 490.000 en diciembre.