Artur Mas vuelve a señalar a los 42.000 voluntarios y 942 ayuntamientos como responsables del 9N

El ex presidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas ha señalado este martes en el Tribunal Supremo las diferencias entre la consulta del 9N convocada por su Gobierno y que fue suspendida por el Tribunal Constitucional y el ‘proceso participativo’ que se acabó celebrando y que no hubiera sido posible sin los 42.000 voluntarios y los 942 ayuntamientos catalanes que participaron en el mismo.

Mas se ha explicado de este modo al inicio de su declaración como testigo en el juicio que se sigue contra el ex conseller de Presidencia y actual diputado del PDeCat Francesc Homs, para quien la Fiscalía pide nueve años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos por delitos de prevaricación y desobediencia al organizar la consulta, que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional (TC).

Antes de que comenzara a hablar, el presidente del tribunal Manuel Marchena ha advertido a Mas de que aunque venía como testigo, y dado que ha sido juzgado por los mismos hechos por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), estaba eximido de prestar juramento y podía evitar contestar a las preguntas que considerara que podían perjudicarle en su estrategia de defensa.

Mas ha señalado que la primera respuesta del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuando fue suspendida la convocatoria inicial en septiembre de 2014 fue de «desprecio y burla».

La única similitud entre dicha convocatoria y el proceso participativo, según ha explicado, es que ninguna de las dos tenía consecuencias jurídicas, «aunque evidentemente sí consecuencias políticas». A partir de ahí todo lo demás eran diferencias entre una convocatoria y otra.

La misma estrategia

Francesc Homs siguió este lunes la misma estrategia en la que Artur Mas había basado su defensa por los mismos hechos ante el TSJ de Cataluña, reconociendo que la Generalitat se dio por notificada de la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de suspender la consulta el 4 de noviembre de 2014, cinco días antes de la celebración de la misma, pero escudándose en la falta de claridad de la providencia para justificar sus decisiones al respecto.

A lo largo de toda su declaración, Homs insistió en que reconocía todos los hechos expresados en el escrito de la Fiscalía “y otros más” porque son “pura evidencia” y centró sus esfuerzos en calificar de “poco clara y definida” la providencia del TC que suspendió también el denominado “proceso participativo” —el tribunal de garantías ya había prohibido inicialmente en septiembre la celebración de la consulta por la Gereralitat—. Eso sí, subrayó que el Gobierno autonómico nunca pretendió vulnerar la ley.