Artur Mas: historia de un presidente contra el Constitucional

La proposición de Ley presentada por el PP para que el Constitucional pueda sancionar a funcionarios y Gobernantes que incumplan sus resoluciones llega cuando ya existe un largo historial de sentencias a los que los diferentes Gobiernos de la Generalitat de Cataluña han hecho caso omiso. Los fallos han sido incumplidos tanto por el Ejecutivo autonómico de Artur Mas como por sus predecesores.

Los temas más recurrentes en los que la Generalitat de Cataluña ha incumplido las sentencias del Constitucional, y de otros tribunales, son los referidos a la política lingüística. También el Parlamento catalán ha participado en esa política de desacato.

Multas lingüísticas a comercios y empresas privadas. En su sentencia del 28 de junio de 2010 sobre el Estatuto de Cataluña, el Constitucional falló contra la obligatoriedad del uso del catalán en negocios y empresas privadas. Dicha obligatoriedad está contemplada además contemplada en el Código de Consumo autonómico, que establece las conocidas como “multas lingüísticas”. La Generalidad no cambió la normativa para adaptarla al fallo.

Además, cuando Ciudadanos presentó  una proposición de Ley para modificar el referido Código de Consumo para adaptarlo a lo decretado por el tribunal, la reforma fue rechazada por el Parlamento Autonómico. Votaron en contra CiU, PSC, ERC, ICV-EUiA y Solidaritat.

Educación en lengua española. En la misma sentencia, el Constitucional establece que tanto el español como el catalán tienen que ser lenguas vehiculares en el sistema educativo de esa comunidad autónoma. Una vez más, el Gobierno de la Generalidad hizo caso omiso a la sentencia y no modificó el Estatuto

El 12 de junio de 2012, el Tribunal Supremo anuló varios puntos del decreto que regula la educación infantil en Cataluña en el que se establece la obligación de que esta tenga el catalán como lengua vehicular. Año y medio después, en enero de 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña establecía que al menos el 25% de las clases deben impartirse en español. Dicha sentencia fue avalada en mayo de 2015 por el Tribunal Supremo.

Todos estos fallos han sido ignorados de forma constante por el Ejecutivo de Artur Mas.

Consulta independentista. El tripartito de Montilla sacó adelante una Ley de Consultas que fue declarada inconstitucional tras un recurso por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Sin embargo, con su vuelta al poder en Cataluña, CiU volvió a imponer una norma similar con la aprobación el 26 de septiembre de 2014 de la Ley de consultas populares no referendarias y otras formas de participación ciudadana. Un día después, el 27 de septiembre, Artur Mas aprobaba el decreto por el que se convocaba la consulta independentista del pasado 9 de noviembre.

Dos días después, el 29 de septiembre, el Constitucional fallaba contra la Ley de consultas. La resolución, al declarar inconstitucional la norma, dejaba fuera de la ley de forma automáticamente la convocatoria de la consulta. Sin embargo, Mas la mantuvo y se celebró.

La inconstitucionalidad de la consulta “alternativa” que se celebró quedó confirmada, a posteriori, en junio de 2015 por una nueva sentencia del Constitucional. El fallo recuerda que la convocatoria vulneró las competencias exclusivas del Estado.