España
Congreso de los Diputados

Armengol aprueba la reforma que blinda el Congreso contra la libertad de prensa y el periodismo incómodo

Un consejo consultivo de mayoría gubernamental podrá sancionar a los periodistas

La presidenta socialista del Congreso, Francina Armengol, ha aprobado la reforma del Reglamento de la Cámara Baja que limita el ejercicio diario de los medios de comunicación. La iniciativa, que propone abrir procedimientos sancionadores contra los periodistas por un consejo consultivo dominado por la mayoría gubernamental, limitar las acreditaciones y restringir la actividad de los equipos audiovisuales, ha contado con el rechazo unánime del PP que lo enmarca en un ejercicio de «ataque a la libertad de prensa».

Uno de los puntos más polémicos de la medida es precisamente la creación de un procedimiento sancionador contra los profesionales de los medios de comunicación que podrá ser activado no sólo por denuncias formales hechas en la Cámara, sino también de oficio por la propia Mesa del Congreso con mayoría del PSOE y de Sumar.

Según recoge el texto aprobado al que ha tenido acceso OKDIARIO, «toda denuncia de un hecho susceptible de sanción y emitida ante la Dirección de Comunicación, será remitida a la Secretaría General del Congreso para el inicio del procedimiento por acuerdo de la Mesa de la Cámara, que también podrá actuar de oficio».

Acusaciones de censura

A juicio del grupo que pilota Ester Muñoz, que acusa directamente a Armengol de ser cómplice de la medida, señala que el texto supone un «ataque a la libertad de prensa» que no tiene precedentes en la historia de la democracia, sobre todo, al colocar en manos de un órgano político el control directo sobre el ejercicio profesional del periodismo en sede parlamentaria.

Según fuentes del PP, esta reforma del reglamento supone «el control de los medios» por parte de un grupo mayoritario del Congreso ya que la regulación revé la imposición de un sistema de «declaraciones responsables» para los profesionales de los medios de comunicación «vigilando y controlando sus actividades profesionales y haciendo responsables solidarios a los medios de comunicación por cualquier falta».

Restricciones a los digitales

Desde el equipo popular, también ponen énfasis en la exclusión de medios «ya que la credencial podrá ser retirada a medios enteros si se detecta una infracción no atribuible a un periodista concreto, lo que afecta directamente a la pluralidad y diversidad informativa».

Además, enfatizan en la idea de que se imponga «una condición arbitraria para solicitar la acreditación». Según recoge el documento, se impone «como condición para obtener una acreditación, el número mínimo de trabajadores en plantilla del medio ha de ser de 10, dato que debe figurar en la declaración responsable de solicitud».

«¿Por qué 10 y no 8 o 12? ¿En qué informe o recomendación han basado esta decisión?», critican desde el Grupo Popular. La propuesta, que además fija que los medios digitales nacionales «sólo podrán acreditar a ciertas categorías y en ningún caso equipos audiovisuales permanentes», limitará recuerdan «la presencia de nuevas voces y plataformas con formatos emergentes».