Pese al archivo del caso

Archivada la causa contra el ministerio de Beatriz Corredor por el contrato con Crespo Gomar

En el auto, la juez desestima que se hubiesen cometidos los delitos de prevaricación o malversación de fondos públicos en la adjudicación del contrato, firmado en 2008 por el ministerio de Beatriz Corredor.

Beatriz Corredor
Beatriz Corredor. (Foto. PSOE)

El Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid ha archivado la investigación sobre la adjudicación que concedió el Ministerio de la Vivienda, dirigido por la ex ministra Beatriz Corredor durante el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, a la empresa Crespo Gomar SL.

La compañía recibió 126.208 euros por diseñar una campaña de publicidad institucional para difundir los contenidos del Plan Estatal 2009-2012, una medida destinada a favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.

Según señaló el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, personado en la causa como acusación popular, «Crespo Gomar SL no entregó el trabajo por el que cobró, o si lo entregó, luego no se desarrolló». Motivo por el cual la formación se oponía al archivo de la causa. La magistrada asegura en el escrito remitido a las partes que «esa hipótesis es una cuestión ajena a los hechos investigados en el procedimiento».

Ni prevaricación ni malversación

En este sentido, se emitió un informe pericial elaborado por un perito del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado por requerimiento de la magistrada del Juzgado de Instrucción nº 21 de Valencia, que se inhibió posteriormente a favor de los juzgados de Madrid para la investigación del contrato público, mediante el cual concluyó que existieron irregularidades en dicha adjudicación.

En el auto al que ha tenido acceso OKDIARIO, la juez Coro Monreal Huerta desestima que se hubiesen cometidos los delitos de prevaricación o malversación de fondos públicos en la adjudicación del contrato, firmado en 2008 con la consultora.

La magistrada decide archivar la investigación porque, señala, «ha de partirse de la dificultad que de por sí entraña acreditar el hecho de que hasta doce funcionarios del Ministerio de la Vivienda concierten su voluntad para alterar un procedimiento de contratación administrativa beneficiando al adjudicatario en detrimento de otros de los licitadores, además de ser unos hechos que acontecen en el año 2008».

Y sobre la falta de entrega de los trabajos o «si se entregaron, no se desarrollaron en la posterior difusión informativa, que pasaba por una nueva licitación, es una cuestión ajena a los hechos investigados en el presente procedimiento, y desde luego, no imputable a los aquí investigados».

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