Aragonés gasta 190.000 € en publicitar a la Policía Marítima de los Mossos en contra de la Guardia Civil

La Generalitat de Cataluña, a través de la Consejería de Interior, ha decidido echar un órdago a la Guardia Civil en aguas de las costas catalanas. El departamento de Interior dirigido por Josep Ignaci Elena ha elevado aún más su escalada de provocaciones en aguas territoriales españolas y ha destinado 190.000 euros a dar publicidad al «servicio de Policía Marítima de la Generalitat del Cuerpo de Mossos d´Esquadra», según la plataforma de Contratación Pública de la propia Generalitat en claro detrimento de la Guardia Civil y sus competencias.

El presupuesto de licitación del nuevo contrato para dar publicidad al servicio marítimo de Mossos alcanzaba los 254.000 euros IVA incluido, pero finalmente fue adjudicado a la agencia de comunicación Carat España por 188.046,85 euros. El contrato se formalizó el pasado 9 de noviembre y la campaña de inserción publicitaria durará cuatro meses.

La Ley delimita perfectamente que el control del mar en el ámbito policial es exclusivo de la Guardia Civil y, aunque las normas autonómicas catalanas atribuye a los Mossos esa capacidad «en todo el territorio» catalán, es obvio que la norma nacional debe imponerse sobre la autonómica. De hecho, el papel reconocido a la Unidad Marítima de los Mossos enfatiza el papel administrativo y solo administrativo de este cuerpo policial frente al rango de Policía Judicial que ostenta la Guardia Civil en todas las aguas españolas.

Sin embargo, cada vez que surge un problema el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska aduce que las competencias marítimas de Guardia Civil y Mossos d’Esquadra están perfectamente «delimitadas» y entre ambos cuerpos existe «plena colaboración», lo que no es del todo cierto, como demuestran los frecuentes encontronazos entre ambos Cuerpos en el mar.

Ahora, para echar más leña al fuego, la Generalitat ha decidido insertar publicidad durante cuatro meses en «medios digitales y exteriores para la difusión de nuestros servicios de la Policía Marítima del cuerpo de Mossos d’Esquadra», para difundir las virtudes y trabajos de esta unidad, que compite contra la Guardia Civil invadiendo a veces sus competencias. Sin ir más lejos, el pasado verano los Mossos fueron grabados retirando un ancla desde el fondo marino, algo que no podían hacer, según denunciaron los guardias civiles.

No es el único gesto que se reprocha a los Mossos. Una de las grandes quejas consiste en que los avisos de Emergencias en el mar que se cursan en Cataluña, como en el resto de las comunidades autónomas con litoral, a través del servicio de emergencias del 112, debería caer en Policía Nacional o Guardia Civil, pero estos Cuerpos no están representados en ese servicio lo que ha sembrado la desconfianza entre las filas del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, que solamente en Cataluña se topa con este tipo de conflictos competenciales.

Los Mossos pusieron en marcha su Unidad Acuática en 2008. En origen nació como una unidad especializada en trabajos subacuáticos similar a la que existe en otros cuerpos policiales y cuya labor se limitaba a las aguas interiores, lagos y zonas fluviales muy frecuentes en Cataluña, y sobre todo a apoyar a otras unidades del cuerpo en la búsqueda por ejemplo de un arma arrojada a un lago o al rescate de un cuerpo en un río.

Sin embargo, en 2020 los responsables catalanes de Interior dieron un paso más presentando el despliegue del Cuerpo en aguas del Mediterráneo. Primero con una embarcación, luego con otra y luego con otra más hasta conformar una flotilla de tres embarcaciones de 13 metros de eslora cada una. En teoría su trabajo debería consistir en revisar la documentación de las embarcaciones de recreo y el trabajo de pesqueros de bajura. Es decir, trabajo administrativo como recoge la legislación autonómica. Pero las aspiraciones de la Generalitat a corto plazo son conseguir una flotilla de 10 embarcaciones con 120 agentes formados en especialidad acuáticas.

Según algunas informaciones, a la Generalitat pretende a medio y largo plazo adquirir incluso un barco mayor, una embarcación equiparable a uno de los tipos de patrullera que usa la Guardia Civil. Se trataría de un barco de 30 metros de eslora, con autonomía de más de 600 millas y con una tripulación de 10 personas, sin duda un barco más diseñado para mantener la seguridad de las aguas territoriales de una zona que para perseguir a infractores que navegan sin título o con el seguro caducado.