Antoni Molons, secretario de Comunicación del Govern, citado como investigado por el 1-O

Antoni Molons
Antoni Molons. (Foto: Youtube)

El juez del 1-O ha citado este jueves como investigado al ex secretario de Difusión y Atención Ciudadana de la Generalitat Antoni Molons, que fue detenido el pasado 15 de marzo en un operativo de la Guardia Civil, y que actualmente es secretario de Comunicación del Govern.

Según la citación, Molons está citado la tarde de ese día a las 17:15 horas junto a otros testigos, y previsiblemente se le interrogará sobre las campañas institucionales vinculadas al 1-O para indagar sobre la financiación de dicha consulta.

En los registros de la Guardia Civil el 15 de marzo en la Secretaría de Difusión de la Generalitat -ese día también hubo una actuación en Òmnium Cultural- se centró en indagar en la financiación del referéndum del 1-O y concretamente sobre los gastos que hizo la Generalitat en las campañas de promoción de esta consulta.

Molons fue detenido esa mañana en su casa y después conducido a su despacho en el Palau de la Generalitat, donde permaneció mientras los agentes lo inspeccionaban, y una hora después, los investigadores le trasladaron a la comandancia de Travessera de Gràcia en Barcelona.

En las dependencias de la Guardia Civil se le comunicó que se le atribuyen los presuntos delitos de desobediencia y malversación en relación a las campañas institucionales sobre el referéndum -en una de ellas se aludía al derecho a decidir con la imagen de un cruce de vías de tren- y posteriormente se le dejó en libertad al negarse a declarar.

Nuevo cargo

El Consell Executiu le nombró el 7 de junio secretario de Comunicación del Govern, tras ser cesado en su anterior cargo en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución que intervino la autonomía catalana.

Actualmente el juez investiga los preparativos y recursos destinados al referéndum del 1-O tras abrir una causa a raíz de las conferencias en las que el ex senador de ERC Santi Vidal aseguró que el ejecutivo catalán disponía de una partida “camuflada” de 400 millones de euros para organizar la consulta.

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