Anticorrupción reitera a la Audiencia de Sevilla que Griñán debe ir a prisión inmediatamente

Los fiscales delegados en Sevilla de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada han reiterado, en un escrito dirigido a la Audiencia Provincial de Sevilla, que se oponen a la suspensión de la pena de prisión impuesta al ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio  Griñán y a otros ocho ex altos cargos socialistas por el desvío de 680 millones de euros destinados a los parados.

El Tribunal Supremo confirmó el 14 de de septiembre la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que condenó al ex presidente socialista a seis años de cárcel y quince de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por malversación y prevaricación continuada y a nueve años de inhabilitación al también ex presidente de la Junta y del PSOE Manuel Chaves.

Con inusitada rapidez, la Fiscalía Anticorrupción ha respondido al recurso de las defensa de Griñán, formalizado este mismo lunes ante la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, en el se solicitaba desestimar el escrito del Ministerio Público por el que se instaba su ingreso inmediato en prisión. Los abogados del ex presidente del PSOE insistían en que «no es un político corrupto» y pedían esperar hasta que se resuelva el indulto del Gobierno de Sánchez.

La Fiscalía indica a la Audiencia de Provincial de Sevilla que, «como se infiere de la lectura de nuestro informe de fecha 2 de noviembre de 2022, ya se tuvo en cuenta para valorar la procedencia de la suspensión de la pena privativa de libertad el hecho de la presentación por los penados de un incidente de nulidad, al ser anunciado por sus representaciones procesales en sus respectivos escritos» y que «siendo firme la sentencia dictada y debiendo esta ser cumplida, reitera en todos sus extremos el contenido de su informe por el que se opone a la suspensión de la pena de prisión impuesta a los penados»

La justicia declaró probado que los gobiernos de Chaves y Griñán, que ejercieron el poder en Andalucía durante 23 años de forma ininterrumpida, pusieron en marcha una fórmula ágil para acallar el descontento social y pagar las prejubilaciones de 6.000 empleados víctimas de la crisis industrial que azotó Andalucía a finales de los años noventa. El sistema pretendía eludir los férreos controles de la Intervención General, que anteriormente había puesto reparos al modo de reparto del dinero. La sentencia de la Audiencia de Sevilla calificó ese sistema de «fraudulento» e «ilegal» porque provocó un «descontrol absoluto» sobre los 680 millones distribuidos con el propósito de garantizar la «paz social».