Andalucía limitará sus mandatos a ocho años a partir de la próxima legislatura

Los mandatos en la Junta de Andalucía se verán limitados a ocho años. El Parlamento andaluz, liderado por C’s y PP, ha aprobado el anteproyecto de ley para que los cargos se limiten a sólo dos legislaturas, sin embargo, y a pesar de la nueva normativa, los actuales cargos de Andalucía no se verán afectados porque la tramitación se terminará a finales de 2020. Juan Marín, vicepresidente andaluz, ha explicado tras el Consejo de Gobierno que esta normativa quiere favorecer la alternancia en los gobiernos y revitalizar las instituciones.

Este anteproyecto de ley supondrá la modificación del artículo 4 de la ley de Gobierno de la Comunidad andaluza para que incluya la inelegibilidad del presidente tras ocho años de mandato, y del artículo 22 para que un vicepresidente o consejero no pueda repetir tampoco tras esos años, salvo que pasen cuatro años sin esa actividad.

Además, tal y como ha explicado el dirigente naranja, se impondrá una disposición transitoria única para que la vigencia sea desde la próxima legislatura, algo que Marín ha recordado que propuso el PSOE y que han considerado oportuno. El hecho de que la limitación se aplique a partir de la próxima legislatura conlleva que el actual Ejecutivo regional sí podría estar hasta un total de años en sus cargos y que, por ejemplo, la socialista Susana Díaz, que ya fue presidenta de la Junta de la región durante cinco años, pudiera estar otros ocho.

Por su parte, un consejero sí podría presentarse después para ser presidente, según esta modificación. El plazo de tramitación en el Parlamento, según las previsiones del Ejecutivo andaluz, no bajará de los 16 o 18 meses, por lo que se pretende que se apruebe en el Hemiciclo a finales de 2020.

Marín ha explicado que es «un gran paso adelante a la hora de luchar por la regeneración democrática» de las instituciones y ha señalado que forma parte del pacto cerrado entre populares y naranjas.

Ha detallado, además, que con esta medida se pretende acabar «de una vez por todas» con una situación que provocaba que en alguna ocasión se «eternizaran» gobiernos y personas, en relación con la ostentación de poder que el PSOE ha tenido en la región durante casi 40 años.

Esta decisión se enmarca en un paquete de medidas de regeneración democrática entre las que el Ejecutivo incluye impulsar la supresión de los aforamientos o un estatuto del denunciante del fraude y la corrupción en la comunidad.