Alberto Casero pide al Supremo enviar su causa al juzgado de Trujillo tras dimitir como diputado

Alberto Casero, ex dirigente del Partido Popular, ha pedido al Tribunal Supremo que envíe el procedimiento que se sigue en su contra por presuntos delitos de prevaricación y malversación de vuelta a Trujillo. En concreto, se trata de cinco contratos que firmó cuando era alcalde de dicha localidad.

El abogado de Casero ha hecho hincapié en que tras la renuncia del ex dirigente del PP como diputado en el Congreso, y «al no haberse dictado aún auto de apertura de juicio oral», la causa «debe ser devuelta» al juzgado de origen, el de Trujillo. Además, añade que «Al haber perdido su condición de aforado, remita la causa al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Trujillo para que continúe su tramitación», ha señalado la defensa del ex diputado en un escrito remitido al alto tribunal.

Por ello, cabe recordar que, el Tribunal Supremo ya abrió esta causa contra el ex diputado en marzo del año 2022, tras recibir una exposición razonada en ocho folios del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Trujillo, que había abierto diligencias previas en virtud de una denuncia de la Fiscalía relativa a determinados contratos, acuerdos o convenios concertados en esos años.

Según la prueba documental y testifical aportada por el juzgado, existen indicios sólidos de que los citados actos de contratación se realizaron por Casero sin sujetarse al procedimiento administrativo previsto para ello, por lo que a su juicio se comprometió al pago de diversas cantidades sin comunicarlo al Ayuntamiento y sin los informes necesarios. Por ello, dicho Juzgado elevó el asunto al alto tribunal al considerar que carecía de competencias para investigar a un aforado.

La investigación

Desde que el Supremo asumió el caso en marzo de 2022, Casero acudió a declarar en una ocasión ante el magistrado instructor Andrés Palomo. Según las fuentes jurídicas consultadas por esta agencia de noticias, el entonces diputado aseguró que, aunque pudo haber problemas administrativos en dichos acuerdos y contratos, no ha habido prevaricación alguna por su parte. El dirigente llegó a presentar luego un escrito para pedir el archivo de la causa al no ver indicios de delito.

Aunque en un momento se reservó fecha en el calendario para tomar declaración a varios testigos, éstas no tuvieron lugar. El magistrado dio por finalizada la instrucción del procedimiento el 3 de marzo después que la Sala de Apelación del Supremo estimara un recurso de Casero contra su decisión de denegar la petición de nulidad, archivo y sobreseimiento de la causa.

En concreto, la Sala de Apelaciones dio la razón a Casero y estimó que el plazo de la investigación había concluido el pasado 15 de julio de 2022 y que todo lo investigado desde entonces era nulo y que no debía tenerse en cuenta a la hora de decidir si archivaba o continuaba la causa contra el entonces dirigente popular.