Las acusaciones populares piden que se cite a los ex ministros Montero y Escrivá en el ‘caso Zapatero’

HazteOir ha presentado ante la Audiencia Nacional un extenso pliego de diligencias de investigación en el que solicita que se cite a declarar como testigos a siete altos cargos del Gobierno, entre ellos la ex ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el ex secretario de Estado de Transportes Pedro Saura y el ex ministro de Seguridad Social José Luis Escrivá.

La petición se enmarca en el caso Plus Ultra que acorrala a José Luis Rodríguez Zapatero. Se investigan presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, organización criminal y falsedad documental en relación con la concesión de 53 millones de euros a Plus Ultra Líneas Aéreas a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE).

El escrito, firmado por los letrados Javier María Pérez-Roldán y Nouna Lozano, ha sido presentado tras ser notificada la personación de HazteOir como acusación popular, previa prestación de una fianza de 5.000 euros, según consta en la documentación.

La acusación popular considera que todas las diligencias solicitadas son «pertinentes, útiles y proporcionales al objeto de la instrucción», sin que concurra «ninguno de los presupuestos que la jurisprudencia del Tribunal Supremo contempla para su inadmisión —impertinencia, inutilidad o carácter dilatorio».

Testigos clave en el caso

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es la primera de la lista. HazteOir solicita que declare sobre los «informes de impacto presupuestario y de viabilidad de Plus Ultra obrantes en su Ministerio», sobre «su participación en el proceso deliberativo previo a la aprobación del rescate» y sobre si «en algún momento se planteó la improcedencia legal o financiera de la operación y las razones por las que se descartó».

El ex secretario de Estado de Transportes Pedro Saura igualmente ocupa un lugar destacado en el pliego. El auto de 18 de mayo de 2026 acredita documentalmente que Saura «presidió el 22 de julio de 2020 una reunión en sede ministerial con directivos de Plus Ultra Líneas Aéreas»—celebrada el día siguiente a la aprobación del funcionamiento del FASEE—, reunión de la que los propios investigados dejaron constancia escrita afirmando haber sido recibidos «por altas recomendaciones» y que «el papel del ministerio será únicamente hablar bien de la compañía».

La acusación considera que estos extremos «revelan la existencia de un compromiso ministerial previo cuyo origen, autoría y contenido exacto resultan esenciales para la investigación».

El posterior traslado de Saura a la presidencia de Paradores en julio de 2021 —coincidiendo con el cese del entonces ministro Ábalos— es otro de los hechos que HazteOir considera necesario esclarecer.

El ex ministro José Luis Escrivá figura en el escrito porque el auto judicial acredita, a través del análisis de dispositivos intervenidos en las Diligencias que el 7 de septiembre de 2020 el investigado Zapatero «mantuvo una reunión con el compareciente en la sede del Ministerio de Trabajo».

Ese encuentro fue comunicado de forma inmediata por Koldo García al entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos, lo que, según la acusación, «pone de manifiesto que dicho encuentro era objeto de seguimiento activo por parte de los investigados».

Junto a estos tres nombres, la acusación solicita también la declaración de Bartolomé Lora, vicepresidente ejecutivo de la SEPI y presidente en funciones en el momento en que se aprobó el rescate el 9 de marzo de 2021; de Vicente Fernández Guerrero, ex presidente de la SEPI entre 2018 y 2019; de Belén Gualda, presidenta de la entidad desde el 30 de marzo de 2021, «nombrada veinte días después de la aprobación del rescate»; y de los funcionarios del equipo técnico evaluador, a quienes se pretende interrogar sobre «los criterios aplicados, las instrucciones recibidas, los condicionamientos externos y las discrepancias internas».

La acusación solicita además un oficio urgente a la Dirección General de la Policía Nacional para obtener la «relación completa de todos los viajes internacionales realizados por José Luis Rodríguez Zapatero desde el 1 de enero de 2017 hasta la fecha», con especial desglose de los desplazamientos a Venezuela, indicando el «propósito declarado o la condición —particular, oficial, diplomática— en que se realizaron». La petición se extiende a las hijas del ex presidente, Laura y Alba Rodríguez Jiménez.

HazteOir pide también que se libre oficio a Presidencia del Gobierno y al Ministerio de Transportes para obtener los registros de visitas entre octubre de 2020 y mayo de 2026, incluyendo todos los accesos de Zapatero, de representantes de Plus Ultra y de «personas vinculadas a Venezuela o a entidades venezolanas». Estos registros, afirma el escrito, «constituyen prueba documental directa de los contactos previos entre los decisores políticos y los beneficiarios del rescate».

La causa tiene su origen en la ayuda pública aprobada en marzo de 2021 a favor de Plus Ultra Líneas Aéreas, una compañía con participación accionarial venezolana a través de Snip Aviation, cuya solvencia fue cuestionada desde el primer momento por varios organismos.

Las Diligencias estuvieron declaradas secretas hasta este martes 19 de mayo de 2026, cuando el juez instructor acordó citar como investigado a José Luis Rodríguez Zapatero para el 2 de junio. La causa se instruye en la Plaza nº 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional.

Otras acusaciones

Junto a HazteOir, otras dos organizaciones se han personado como acusación popular: Vox, que ha solicitado la retirada del pasaporte diplomático de Zapatero y su prohibición de salida del país, y la asociación Liberum, que ha anunciado su personación arguyendo que la causa «no puede quedar al margen del control ciudadano previsto por la Constitución».

El 2 de junio se perfila como la fecha en que la instrucción dejará de ser un conjunto de folios judiciales para convertirse en un cara a cara entre el juez y el hombre que gobernó España durante dos legislaturas.

Antes de esa cita, el tribunal deberá decidir si acoge o no la petición de Vox de dejarle sin pasaporte. La acumulación de acusaciones populares, de testigos de alto rango y de diligencias que apuntan a los despachos más próximos al poder dibuja una causa de una enjundia —esto es, de una sustancia y gravedad— inusual en la historia judicial reciente de España.