La ministra Delgado defiende que sean los políticos los que elijan el CGPJ

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha defendido este miércoles en el Congreso de los Diputados que la designación de vocales de los Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debe continuar en manos de las Cortes Generales porque sus funciones son «meramente administrativas».

Delgado ha destacado durante su intervención en una interpelación urgente presentada por el PDeCAT sobre la política del Gobierno destinada a dotar de independencia a las máximas instancias del Poder Judicial que la elección de los miembros del órgano de gobierno de los jueces no puede ser «corporativa». Ha explicado que «hablar de la aproximación a la ciudadanía, de la paridad, de la igualdad, de la lucha contra la violencia de género, contra la corrupción, de la modernización de Justicia, cooperación internacional» supone hacerlo de «política judicial».

Asimismo, ha añadido que las competencias del CGPJ son «meramente administrativas» y por ello comparte muchas funciones con el Ministerio de Justicia, Comunidades Autónomas y otras instituciones del Estado porque sus decisiones «van más allá de los temas corporativos judiciales y afectan a la sociedad».

Por todo ello, ha afirmado que la legitimidad para la elección de los 20 vocales es «democrática» y la posee el Parlamento. «Los miembros del Poder Judicial debe estar sometido al escrutinio de la ciudadanía a través de los representantes del pueblo», ha agregado.

Sin embargo, la portavoz de Justicia del PDeCAT, Lourdes Ciuró, ha destacado que las últimas noticias sobre el pacto entre el PP y el Gobierno para renovar la cúpula judicial es un «escándalo» y más aun tras conocerse la conversación de Whatsapp de los senadores ‘populares’, en la que su portavoz, Igancio Cosidó, afirmaba que podían controlar «desde detrás» la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Ciuró también ha preguntado que si el elegido por ambos grupos parlamentarios para que presidiese el CGPJ, el magistrado Manuel Marchena, sin estar nombrados los vocales, estaba al tanto de todo el acuerdo antes de que este lunes anunciase su dimisión. Por otro lado, ha asegurado que la elección de los vocales debe ser ajena a los «tintes ideológicos», porque después son ellos los que se encargan de nombrar «a dedo» a los magistrados del Tribunal Supremo.

«Frases vergonzantes»

Delgado, que ha pedido que «no meta en el mismo saco» a todo el mundo en cuanto a los mensajes de los senadores del PP y ha afirmado que ningún miembro del Gobierno expresarán «frases tan avergonzantes», ha rechazado parte de lo manifestado por Ciuró. Según ha dicho, en el proyecto de la constitución de una República Catalana se preveía que el nombramiento del presidente del Supremo lo hiciese el «Ejecutivo». «No cuadra muy bien con unos criterios de independencia judicial», ha destacado la ministra.

Asimismo, la titular de Justicia ha relatado que cuando llegó al Ministerio se percató de la «falta de confianza de los ciudadanos en la Justicia» y que se «había multiplicado las injerencias del Gobierno del PP» en ella.

Por ello, ha apostillado que uno de los retos del Ministerio es introducir mecanismos para «preservar» a los jueces, magistrados y fiscales de las «presiones desde los grupos políticos», tal y como demandan las asociaciones de jueces y fiscales, que este lunes se pusieron en huelga exigiendo mayor independencia judicial y autonomía fiscal. «Atrás quedaron ser molestados en su función por parte del Ejecutivo, se acabaron las llamadas para interesarse por casos concretos», ha concluido.

Fin al sistema actual

Por otra parte, ha reiterado que como ministra ha impulsado la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial –que se está ultimando en el Senado– y que gracias a un pacto con PP y Unidos Podemos se pondrá fin al sistema «presidencialista» del órgano de gobierno de los jueces al devolver a los vocales la competencia exclusiva, además de fijar criterios objetivos para la designación de los magistrados del Supremo.

Algo que ha sido afeado por la diputada del PDeCAT, que ha subrayado que esta reforma se hizo «por la puerta de atrás» aprovechando la más de 50 enmiendas que presentaron los ‘populares’ en relación a los permisos y licencias de los jueces y magistrados.