El Gobierno ultima la nueva Ley de Memoria Histórica para otoño

El Gobierno prevé aprobar una reforma de la Ley de Memoria Histórica de forma inminente, a la vuelta del verano. Así lo trasladan ya interlocutores del ministerio de Justicia en las últimas reuniones que, en los últimos días, han mantenido con asociaciones de víctimas del franquismo, según ha podido saber OKDIARIO.

En esos encuentros, el Ejecutivo se compromete a mejorar no solo la ley original de Rodríguez Zapatero, sino la propuesta de reforma que el Gobierno de Mariano Rajoy vetó en marzo al estimar que su aplicación supondría un aumento de los créditos presupuestarios de más de 214 millones de euros. Sánchez cuenta actualmente con una mayoría en el Congreso que sí sería favorable a sus tesis sobre la Memoria Histórica, los mismos apoyos que le valieron para sacar adelante la moción de censura

La reforma insistirá, por ejemplo, en la nulidad de las sentencias dictadas por los tribunales de excepción y la posible ilegalización de la Fundación Francisco Franco así como de otras asociaciones que defienden el franquismo.

Aluvión de reclamaciones en los tribunales

Asimismo, se reconocerá por ley la devolución del dinero expoliado durante la Guerra Civil y la dictadura haciendo referencia expresa a las cuantías que integraron el ‘Fondo de papel moneda puesto en circulación por el enemigo’. Es decir, los afectados que dispongan del documento que acredite que sufrieron el expolio se verán resarcidos.

Esto permitirá, valoran, sacar del limbo actual sus reclamaciones y encauzarlas por la vía de los tribunales, lo que abre la puerta a demandas millonarias. El coste inicial para el Estado sería, según sus estimaciones, de 850 millones de euros, que podrían ser superados ampliamente.

La aprobación de la ley pone al Gobierno ante la tesitura de las reclamaciones por la vía de los tribunales. No solo en el caso de la devolución de los bienes y dinero incautado.

Las exhumaciones de los cuerpos enterrados en el Valle de los Caídos tropiezan con el criterio de los expertos, incluso en un informe encargado en su día por el Gobierno de Rodríguez Zapatero y que consideró que éstas eran «imposibles» a la vista del estado de los osarios.

«La Comisión ha llegado a la conclusión de que el deterioro de las criptas y de los columbarios, unido al volumen de restos enterrados, hace prácticamente imposible como norma general, la identificación individualizada”, recogía el texto, coordinado por los juristas Virgilio Zapatero y Pedro José González-Trevijano. En el Valle de los Caídos hay restos de más de 33.000 personas, 12.000 de ellas sin identificar.

La Memoria Histórica en el aula 

El Ejecutivo-como recientemente anunció la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en el Congreso-asumirá además las exhumaciones , elaborará un censo de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo y creará la autodenominada ‘Comisión de la Verdad’, un polémico órgano-integrado por juristas y académicos, entre otros expertos- que tiene como finalidad “conocer la verdad de lo ocurrido” para la “construcción colectiva de la memoria democrática española”, a través de un informe de conclusiones que será aprobado en el Congreso y tendrá carácter vinculante para todos los poderes públicos.

Ese informe servirá de base, por ejemplo, para los planes educativos, ya que el Gobierno prevé incluir “la enseñanza de la historia democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas”.

Los socialistas quieren además “incentivar” por ley la elaboración de material didáctico sobre la Guerra Civil y la “represión franquista”. También se prevé una labor intensa de «pedagogía» entre los funcionarios que trabajen con víctimas del franquismo y a los que se les proporcionará formación en su visión de este período histórico.