TRAS LA SENTENCIA DE ESTRASBURGO

La Fiscalía pide a Estrasburgo que la indemnización a los etarras de la T-4 la reciban las víctimas

atentado T4
Igor Portu y Mattin Sarasola, terroristas de ETA autores del atentado de la T4 el 30 de diciembre de 2006.
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La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que ha condenado a España a indemnizar a los etarras Igor Portu y Martín Sarasola, que atentaron en la T-4, que esa compensación sea destinada a pagar la deuda que los terroristas tienen con sus víctimas.

En un comunicado, la Fiscalía de la Audiencia Nacional informa de la petición al citado tribunal europeo para que esas indemnizaciones, 30.000 euros para Portu y 20.000 para Sarasola por los malos tratos infringidos tras su detención, “sean embargadas de inmediato”.

Señala en su solicitud que esas cantidades sean además “directamente” imputadas al pago de las responsabilidades civiles declaradas por sentencia firme en favor de las víctimas, o, en su caso, en favor del Estado por subrogación por los atentados de la T-4, ocurridos el 30 de diciembre de 2006, en el que murieron Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio, otras 41 personas resultaron heridas y 313 vehículos sufrieron daños.

Fuentes jurídicas han añadido que esta petición de la Audiencia Nacional será comunicada el Gobierno.

Condenados a 1.040 años

Portu y Sarasola fueron condenados en mayo de 2010 como autores de un delito de estragos terroristas, dos delitos de asesinatos terroristas y cuarenta y ocho delitos de asesinato en grado de tentativa así como al pago de responsabilidades civiles.

En concreto, les condenó a 1.040 años de prisión como autores del atentado de la T-4 del aeropuerto de Barajas con el que la banda terrorista rompió su última tregua.

El pasado martes, el alto tribunal europeo falló a favor de los terroristas que habían recurrido por los malos tratos infligidos durante el arresto, en enero de 2008 en el País Vasco, y detención incomunicada.

Según el tribunal de Estrasburgo, España vulneró la prohibición de tratos inhumanos o degradantes en su aspecto material (el maltrato en sí) y procesal (no investigarlo), que recoge el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

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