Llarena cerrará la instrucción en abril inhabilitando a los imputados, habrá juicio en junio y sentencia en noviembre

El calendario para resolver la causa contra los golpistas en el Tribunal Supremo ya tiene plazos. El juez Pablo Llarena cerrará la instrucción en abril, en ese momento podrá inhabilitar a los imputados que todavía se encuentren en prisión y a los huidos de la Justicia. El juicio dará comienzo en junio y se espera que la sentencia para Puigdemont, Junqueras y el resto de golpistas pueda estar lista en el mes de noviembre.

El Supremo liberó al juez Llarena de otras causas a principios de enero, de esta manera podía centrarse en la instrucción relativa al golpe de Estado en Cataluña. Según fuentes jurídicas consultadas por OKDIARIO, el magistrado del alto tribunal tiene previsto cerrar la instrucción del mismo en el mes de abril.

Llarena se hizo cargo de la causa el pasado 24 de noviembre, tras inhibirse la titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela. Pese a que durante estos meses se han seguido sumando investigados a la causa, el procesamiento de los 28 imputados se esperar cerrar en el mes de abril.

En ese momento, y según prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los golpistas que todavía permanezcan en prisión podrán ser inhabilitados, no así los que hayan salido de la cárcel o hayan depositado fianza, como es el caso de la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell, o los ex consellers Josep Rull y Jordi Turull, que podrán mantener sus cargos –aquellos que los tuviesen todavía– hasta que haya juicio y sentencia en firme.

Peor lo tienen Oriol Junqueras o Jordi Sànchez, en prisión preventivas por orden de Llarena, que podrán ser inhabilitados sobre la marcha, según las mismas fuentes jurídicas. En la misma situación se encuentran Puigdemont y el resto de huidos. La Ley prevé que los cargos públicos sean inhabilitados si se ha producido un auto de procesamiento contra ellos, si el investigado se encuentra en prisión provisional o si ha incurrido en delitos graves como terrorismo o rebelión, como es el caso de Puigdemont y el resto de miembros de la cúpula del golpe.

Una vez concluya el sumario, se presentarán los escritos de acusación y defensa. El escenario ideal es que la instrucción se cierre cuanto antes ya que el Supremo es un tribunal de casación y no es un Juzgado de instrucción como la Audiencia Nacional. Además, se quiere evitar que este procedimiento se eternice, pero eso sí, “sin precipitaciones porque las investigaciones que se cierran en falso perjudican la fase del juicio oral”.

La fase intermedia de instrucción de la causa contra los golpistas catalanes será “muy farragosa” y no tan ágil como en un procedimiento abreviado, ya que los autos de procesamiento de los acusados permiten la presentación de recursos, así como la petición de nuevas diligencias de investigación. Pese a los retrasos que esta situación pueda causar, se espera que el juicio oral comience en el mes de junio.

Con los golpistas inhabilitados para el ejercicio de cualquier cargo público, y dado que el sumario no se moverá de tribunal, se espera que la sentencia contra los políticos y lideres de las asociaciones independentistas que participaron en el golpe secesionista esté lista para el mes de noviembre.