Enfado en la élite de la Guardia Civil por las cesiones a Junts: «Nos usan de moneda de cambio por votos»

«Nos usan de moneda de cambio por votos», con estas palabras, oficiales de la Guardia Civil en conversación con OKDIARIO claman contra la cesión de competencias del Instituto Armado a los Mossos d’Esquadra pactada por el Gobierno de Pedro Sánchez con Junts, a cambio de que le apoyasen para la investidura. «No sabemos dónde quieren apartar a la Guardia Civil, cada vez estamos en menos lados», lamentan desde la cúpula de la Benemérita, a la vez que insisten en que «están amordazados» y no pueden exponer su opinión libremente por su deber de obediencia.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez continúa su plan de desmantelamiento de la Guardia Civil. Ya en 2024, el Congreso de los Diputados aprobó la cesión de las competencias de Tráfico de la Guardia Civil a la Policía Foral de Navarra y este año le toca premiar a Cataluña por sus apoyos ordenando que se ceda el control de fronteras a la policía autonómica catalana. Los Mossos ahora podrán expulsar inmigrantes y controlar fronteras junto a la Policía y Guardia Civil. Tras ello, fuentes del Instituto Armado, aseguran que se culminará el plan de expulsar a la Guardia Civil de puertos y aeropuertos, dejando con escasas competencias a los miembros de la Benemérita.

«No sabemos cómo nadie alza la voz con todo lo que está pasando», lamentan fuentes de la élite de la Guardia Civil. Tampoco lo hacen los directores generales puestos a dedo por el Gobierno y sobre los que Pedro Sánchez ejerce un férreo control. Tanto es así que el presidente ordenó que Mercedes González, una de sus personas de máxima confianza, volviera a dirigir al Instituto Armado. Ambos mantienen una línea de comunicación directa y Mercedes González calla ante los agravios por motivos políticos que está viviendo la Guardia Civil, según fuentes consultadas.

Los ministros de los que depende la Guardia Civil también se mantienen en silencio. En concreto, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que negó durante meses esta cesión. «Tanto el control de fronteras como el control de los flujos de migración irregular son competencia exclusiva del Estado y del Gobierno central, por lo que no son susceptibles de ser transferidos o delegados», aseguró Marlaska públicamente. Sin embargo, la realidad es que lo pactado con Junts ha provocado la cesión de competencias y el ministro ha evitado dar explicaciones de este plan. Marlaska ha suspendido temporalmente su agenda por un problema de salud que no reviste gravedad.

Asociaciones de Guardia Civil

Las asociaciones de Policía Nacional y Guardia Civil también han cargado contra este acuerdo entre PSOE y Junts. Varias asociaciones han emitido comunicados en los que consideran que el pacto menoscaba a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha recordado que «el control de las fronteras, la gestión de los flujos migratorios y la lucha contra la inmigración irregular son funciones esenciales del Estado que no pueden ser objeto de mercadeo político».

Jucil, por su parte, se ha remitido a la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para lamentar que el Gobierno permita una «estrategia planificada para desmantelar la presencia de la Guardia Civil en Cataluña». «Suponen de facto el desmantelamiento progresivo de la Guardia Civil y de la Policía Nacional», han continuado, mostrando su recelo al acuerdo con Junts, en el que habla de «delegación de competencias». «Las instituciones catalanas tendrán una posición determinante en el marco de la legislación internacional europea y del Estado español», alertan.

Manifestación

Los representantes de la Plataforma de Policías Nacionales y Guardias Civiles se reunieron para abordar las medidas urgentes orientadas a garantizar el adecuado cumplimiento de la normativa. «Como custodios de la frontera sur de Europa, desempeñamos un papel clave en la protección y prevención de amenazas que puedan comprometer la estabilidad y el bienestar de la ciudadanía», exponen en un comunicado recogido por este periódico.

La plataforma, ante la posible modificación de competencias en este ámbito, ha decidido convocar una protesta urgente el próximo 12 de marzo a las 12:00 horas frente al Congreso de los Diputados. Animan a la sociedad civil a que se sume a la manifestación tras el atropello de competencias por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, que está viviendo la Guardia Civil.