Economía
Fondos europeos

Zasca de Bruselas a Escrivá: España debe alargar el período de cálculo de las pensiones en 2022

  • Eduardo Segovia
  • Corresponsal de banca y empresas. Doctor y Master en Información Económica. Pasó por El Confidencial y dirigió Bolsamanía. Autor de ‘De los Borbones a los Botines’.

La Comisión Europea ha puesto en su sitio al ministro José Luis Escrivá, que negó el mes pasado que Bruselas haya exigido a España ampliar el período de cálculo de las pensiones (lo que implica una bajada de las mismas). En el documento que aprueba el plan de recuperación presentado por el Gobierno español, Bruselas insiste en que nuestro país se ha comprometido a tomar esta medida, que debe entrar en vigor antes del final de 2022.

Tras la publicación del Operational Agreement (OA), el documento firmado entre el Ejecutivo y la Comisión en el que se detalla cómo se gestionará el desembolso de los fondos europeos, (70.000 millones en ayudas) a cambio de qué reformas y con qué calendario, el ministro de Seguridad Social salió rápidamente a desmentir en una entrevista que Bruselas exigiera un aumento del período de cómputo.

Según su versión, se estaba haciendo una mala lectura del informe enviado por nuestro país. Escrivá. Es más, echaba la culpa a su archienemigo, pese a que ya no está en el Gobierno: se refirió a una “serpiente de verano que puso en marcha Pablo Iglesias”. “Bruselas no nos pide nada. Nosotros, en satisfacción de una de las demandas del Pacto de Toledo que plantea que tengamos en cuenta las nuevas realidades del mercado de trabajo, donde los últimos años no son los mejores, estamos trabajando en un sistema más equitativo”, aseguró.

Pero ahora llega el Ejecutivo comunitario que preside Ursula von der Leyen y le pone en su sitio. En el citado documento, la Comisión insiste en que, en el cuarto trimestre del próximo año, debe «entrar en vigor la legislación para el ajuste del período de cómputo, ampliando el período de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación».

Cálculo más allá de 25 años

Este período de cálculo ya se ampliará a 25 años el próximo año por la entrada en vigor de esta medida de la reforma del 2011, que lo elevó desde los 15 años anteriores. Pero Bruselas considera que debe ampliarse todavía más; aunque no establece un periodo concreto, sí deja claro que, para considerar cumplida la reforma 2 del componente 30 del llamado plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR) suscrito con España, este período debe ir más allá de los 25 años.

Alargar el período de cálculo se traduce en una rebaja del importe de la pensión en la inmensa mayoría de los casos, ya que lo normal es que los trabajadores perciban salarios menores en sus primeros años de vida laboral y mayores en los últimos. Por tanto, cuanto más atrás se vaya el cálculo, menor saldrá la media.

Los compromisos de España en pensiones

Bruselas incluye esta medida junto a otras pactadas con España respecto a las pensiones, que debemos cumplir para que lleguen los fondos europeos más allá de los 10.000 concedidos el viernes pasado.

Entre esos compromisos, se encuentran la separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social (es decir, que el Estado se haga cargo de los gastos de administración y las pensiones no contributivas); el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones (aunque el método de vincularlas al IPC medio se traduce en una pérdida de poder adquisitivo); la aproximación de la edad legal y la efectiva de jubilación; la sustitución del factor de sostenibilidad de Rajoy por otro llamado de «equidad intergeneracional» que aún no está diseñado; la reforma del complemento de maternidad; o la revisión de los incentivos fiscales de los planes de pensiones.

Otros compromisos que se ha comprometido a cumplir nuestro país el próximo año relativos a las pensiones son la reforma de las cotizaciones de los autónomos, el famoso plan de pensiones público de empleo para pymes, el aumento de la base máxima de cotización (que permitirá elevar las pensiones más altas) y, lo que va a dar más juego, la publicación de unas proyecciones actualizadas que demuestren cómo las reformas adoptadas en 2021 y 2022 aseguran la sostenibilidad a largo plazo del sistema.