Economía
obligados a gestionar parte del ingreso mínimo desde noviembre

Yolanda Díaz incendia otra vez el SEPE: «Si no rectifica habrá movilizaciones sí o sí»

Yolanda Díaz no recibe a los sindicatos del SEPE, indignados al tener que gestionar otra prestación, el ingreso mínimo, desde el 1 de noviembre sin ampliar plantilla

Nuevo incendio de Yolanda Díaz en el Servicio Público de Empleo (SEPE), organismo dependiente del Ministerio de Trabajo. La plantilla del SEPE, unos 7.300 empleados en estos momentos, tendrá que gestionar sin ningún refuerzo la transición al cobro del ingreso mínimo vital (IMV) de los parados que se queden sin ninguna prestación o subsidio a partir del 1 de noviembre, cuando entra en vigor la reforma de la ley asistencial aprobada por Yolanda Díaz en mayo.

Según la norma aprobada por Yolanda Díaz, la plantilla del SEPE tendrá que gestionar a partir de noviembre cientos de prestaciones a nuevos colectivos que antes no estaban cubiertos por ningún subsidio -personas de menos de 45 años sin cargas familiares, emigrantes retornados sin derecho a prestación, trabajadores agrarios con menos de seis meses de cotización y mujeres con más de 16 años que han sufrido violencia doméstica- y, además, preparar todo el papeleo para los parados que se quedan sin ayudas y soliciten el ingreso mínimo. Luego la Seguridad Social se encargará de decidir si concede o no la ayuda.

«Es una nueva carga de trabajo que no vamos a poder soportar con la misma plantilla», explican fuentes del CSIF, sindicato mayoritario en el SEPE. «En la pandemia ya le dijimos a la ministra Yolanda Díaz que necesitábamos unas 3.000 personas más porque no se estaban reponiendo desde años antes las jubilaciones y no se podía prestar el servicio de manera correcta. No nos hizo caso y sólo aprobó la contratación de 926 personas, que no cubren tampoco ni las jubilaciones», señalan.

«Pero no sólo eso. Es que esa nueva gestión va a requerir de una cita presencial en la oficina que ahora mismo ni siquiera se está produciendo con normalidad. Muchas peticiones de citas presenciales no se pueden atender porque no somos suficientes. La gente se queda semanas sin poder ser atendido», explican.

El pasado 24 de junio, CSIF envió una carta a Yolanda Díaz en la que le advertía de la situación en la que se encuentra el SEPE. En esa misiva, firmada por Manuel Galdeano, responsable de CSIF en el SEPE, se recordaba a la ministra que el 55% de las oficinas que tienen atención presencial tienen cinco trabajadores o menos. «Siete oficinas en las que no disponemos de ningún efectivo; cincuenta y nueve oficinas que cuentan con un solo efectivo; ciento cuatro oficinas que solo disponen de dos efectivos; ochenta y seis oficinas que cuentan con tres efectivos; sesenta y siete oficinas que disponen de cuatro efectivos; sesenta y cinco oficinas que cuentan con cinco efectivos», se explica a la ministra.

Dos días después, el 26 de junio, el director general del SEPE, Gerardo Gutierrez, mantuvo una reunión con las centrales sindicales y les aseguró que tenían que gestionar el ingreso mínimo con la misma plantilla. «Nos vino a decir que lo teníamos que hacer y punto. Pero seguimos reivindicando más plantilla y, cuando llegue el 1 de noviembre y se vea que es un caos, pues o rectifica la ministra o habrá movilizaciones sí o sí», señalan desde CSIF.

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, en el Congreso con Iñigo Errejón.

Ya en la carta que envían a Yolanda Díaz advierten de «un calendario seguro de movilizaciones» si no rectificaba. «Por todo lo anteriormente expuesto, y con el fin de evitar un seguro calendario de movilizaciones de protesta, abocando sin duda a un escenario de conflicto de todo punto indeseable para ambas partes, desde CSIF manifestamos nuestro rotundo rechazo a este modelo de colaboración con el INSS, en tanto el SEPE no esté dotado con personal suficiente que permita afrontar con unos mínimos ratios de calidad no sólo la gestión propia, también las tareas inherentes a la cogestión propuesta», explica.

Se avecina por tanto un nuevo incendio en el SEPE, como ya ocurrió en la pandemia. La ministra no cumplió con la plantilla en el pasado y ahora desconfían de que se contrate la gente necesaria para dar un buen servicio a los ciudadanos en las oficinas. «Por no hablar de que la edad media de la plantilla es de 55 años. Si no se contrata…», señalan fuentes del sindicato.